Un balance sobre 25 años de democracia en la Argentina

El 10 de diciembre próximo se cumplen 25 años de instauración de la democracia en la Argentina. La asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la república en 1983 dio inicio a la más larga experiencia de continuidad democrática vivida en la historia política de aquélla nación.

El hecho merece ser destacado dado que a partir de la puesta en vigencia de la denominada Ley Sáenz Peña en 1912, que estableció el carácter universal secreto y obligatorio del sufragio, la vida institucional de la Argentina hasta 1983 osciló entre regímenes militares, cívico-militares, democráticos sin contenido republicano, republicanos sin contenido democrático y/o semidemocráticos. Es este acontecimiento entonces un motivo de celebración pero también representa una buena oportunidad para la reflexión acerca del significado de estos 25 años de democracia.

Existía en aquella sociedad argentina de 1983 una fuerte demanda vinculada con reivindicaciones de justicia sustantiva largamente postergadas como consecuencia de la acción institucional del gobierno militar: esto dará lugar a una revalorización de la democracia política como marco para la satisfacción de las distintas y heterogéneas demandas sectoriales, no existiendo en consecuencia margen alguno para la formulación de políticas de ajuste y reforma estructural con nuevas “víctimas sociales”.

De allí entonces la convicción, y la puesta en práctica de políticas en consecuencia a partir de 1983, de que la reconstrucción posautoritaria era exclusivamente un hecho político-institucional siendo el cambio del Régimen Político el problema central de la agenda política de la transición y esta definida como Transición del Autoritarismo al Régimen democrático. Al ser privilegiada en forma inicial y de manera excluyente la construcción de un régimen democrático de gobierno, no se advertía que el proceso debía incluir necesariamente y con el mismo peso la reorganización de la economía.

El recambio presidencial del año 1989 se desarrolló en un contexto inédito en la Argentina contemporánea: por primera vez en la discontinua historia constitucional de este país se produjo la entrega del poder entre presidentes de distinto signo partidario –Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical y Carlos Saúl Menem por el Justicialismo-. Al mismo tiempo, un contexto sociopolítico signado por una crisis económica a la vez que social y del modelo de estado implementado en la Argentina a partir de la segunda guerra mundial dio lugar al replanteo de la noción misma de la transición, sustituyendo la reforma-reconfiguración del poder estatal al cambio político como problema central de la democracia.

La repuesta a la crisis, como verdadero intento de elaboración de una nueva matriz ideológica, adquirió su expresión a través de un discurso de legitimación de alta eficacia simbólica. Dicha eficacia se pondría de manifiesto en el hecho de que el relevo gubernamental producido en diciembre de 1999, con la asunción de Fernando De La Rúa, no implicó una sustantiva reformulación de los presupuestos ideológicos, jurídico-políticos y organizacionales contenidos en dicha matriz y presentes a lo largo de la década de 1990, sino más bien una ratificación y profundización de dichos contenidos programáticos, los cuales se han mantenido vigentes hasta la fecha inclusive, aún en condiciones de suma gravedad como aquellas presentes durante la crisis del 2001/2002, y comprendiendo a las administraciones de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Podemos afirmar entonces que a partir de la última década se repitió en mayor o menor medida, el mismo esquema:
a) Legitimidad de origen con anclaje en situaciones de derrumbe o emergencia y convertida en argumento, de salvamento primero y refundacional luego, del estado y la sociedad.
b) Preservación del esquema constitucional adoptado en 1994 acorde con una nueva “razón de estado”: la gobernabilidad.
c) Reforzamiento de los poderes presidenciales, definición explícita o implícita de una “doctrina de la emergencia”, y utilización de recursos como los decretos de necesidad y urgencia, en tanto principal expresión de la decisión política.
d) Debilitamiento del rol de las instituciones parlamentarias, de las diferentes instancias de control de los actos administrativos de gobierno y de los procesos deliberativos de decisión política.
e) Reducción del aparato estatal, tanto en lo referente a su alcance como a su capacidad institucional.

Al preservarse los lineamientos centrales del esquema jurídico, ideológico y organizacional vigente a partir de la década de 1990, la Argentina continúa, a 25 años de la instauración democrática, debatiéndose entre los dilemas de la gobernabilidad y la normalización institucional.