El Gobierno ha sufrido su mayor y más dolorosa derrota parlamentaria de la legislatura. Sus medidas estrellas, las más electoralistas y propagandísticas, han sido tumbadas en el Congreso. Junts no sólo ha votado en contra, al igual que el PP y Vox. Los separatistas de Waterloo también se han choteado de Sánchez por su intento de chantaje, por ser “un trilero”, al mezclar churras con merinas e incluir en el llamado “decreto Ómnibus” medidas tan dispares como las bonificaciones al transporte público, la prórroga de la suspensión de los desahucios, las ayudas a los afectados por la dana y por el volcán de La Palma, la prórroga del bono social, la subvención de 4.500.000 euros para atender a los menores migrantes en Ceuta. Asimismo, han sido rechazados los decretos para la reforma de las pensiones y el impuestazo a las energéticas.
La falsa mayoría parlamentaria “progresista” se ha ido al traste por no ser ni progresista ni real, pues el PSOE tiene 120 escuálidos escaños y el PNV y Junts, dos de sus socios de investidura que no de legislatura, no tienen una pizca de progresistas. Pedro Sánchez ha sufrido una nueva derrota parlamentaria y ha comprobado que para permanecer en La Moncloa más le vale no someter a votación una sola medida si quiere evitar otro revolcón. La única salida digna a su agonía política sería disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales. Pero no lo hará. Pues hasta Tezanos sabe que perdería el poder nada más abrir las urnas. De ahí, su empeño en enrocarse en La Moncloa y ganar tiempo con la esperanza, o el sueño, de sacar al PSOE del fango.
Y, de nuevo, su estrategia para remontar se basa en culpar al PP de todos los males. Como acaba de hacer tras perder las votaciones en el Congreso, al acusar a Núñez Feijóo de ser el responsable de impedir la revalorización de las pensiones o de frenar las indemnizaciones a los damnificados de la dana. Como si la trampa para elefantes del “decreto Ómnibus” se hubiera fraguado en Génova.
Pero la otra fórmula para amarrar el poder de Pedro Sánchez es aún más perversa, más totalitaria y antidemocrática. Se basa en terminar de asaltar la Justicia con la reforma del Poder Judicial que acaba de aprobar en el Consejo de Ministros para sustituir a los magistrados independientes por otros más afines al Gobierno o acallar a los medios de comunicación críticos ahogándolos económicamente, mientras subvenciona a los de la casta. Busca así, “indultar” a los socialistas y familiares acusados de corrupción y acallar cualquier crítica, cualquier denuncia de sus tropelías. Y así, agónicamente, aguantará hasta 2027.
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