Ha sorprendido la actitud arrogante, desafiante y hasta chulesca de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo durante su declaración ante el juez Ángel Hurtado. Según los expertos, se trata de una estrategia en busca de la nulidad del juicio, la mejor prueba de que da por perdida la instrucción. Rechazó contestar las preguntas de la acusación y del magistrado al que acusó de tener un criterio “predeterminado” sobre el caso y de vulnerar sus derechos por registrar su despacho. Sólo respondió a su abogado, que, no por casualidad, pertenece a la Abogacía del Estado; esto es, a Pedro Sánchez.
Álvaro García Ortiz ha sido el primer fiscal general del Estado en ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito, el de revelación de secretos. Está acusado de filtrar los correos de los abogados de González Amador para acusar al novio de Ayuso de buscar un acuerdo con Hacienda y no al revés. Un hecho que resulta irrelevante por más que el fiscal, primero negara haberlos enviado y, luego, lo justificara con el argumento de que “la mentira no puede ser un secreto”. Porque el supuesto delito se produjo por el mero hecho de que la Fiscalía enviara a Moncloa y a algunos medios de comunicación esos emails para perjudicar a la presidenta madrileña.
Sea o no condenado por el delito de revelación de secretos, la arrogancia y prepotencia del fiscal general del Estado no se corresponden con el cargo que ostenta. Como defensor del Estado de Derecho y de la independencia judicial debería haber sido respetuoso con el Alto Tribunal. Pero, al final, no es más que una pieza más del engranaje totalitario construido en La Moncloa. Y, como buen lacayo del presidente, trata con desprecio a los jueces que investigan las tropelías del “sanchismo”. Y es que, espera que, en el peor de los casos, si fuera condenado, luego sería salvado por el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, el otro lacayo de Sánchez en la Judicatura.
Pero figurará en la historia de la democracia como el único fiscal general del Estado que se sentó en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo y, a pesar de ello, no dimitió de su cargo. Ha quedado demostrado, sin embargo, que, sea o no condenado su director, la Fiscalía ha trajinado con los correos de González Amador impúdicamente. Y, al final, García Ortiz ha mostrado su peor talante autoritario al sentarse ante el magistrado del Supremo. Porque en ese momento, estaba siendo interrogado por haber cometido, siempre supuestamente, un delito. Pero actúa como si fuera impune por el mero hecho de ser un fiel servidor del presidente del Gobierno. Y, quizás, sea así.
Si (
No(
