La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en la Asamblea de Madrid que el Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación del Estado de Derecho en España a raíz de lo que ha llamado la 'ley Begoña' "para socorrer a familiares en apuros, la libertad de los medios de comunicación para denunciarlo y la falta de independencia del Fiscal General imputado por su participación en una operación de Estado contra un rival político".
Las instituciones europeas tienen que saber, ha dicho, que el Gobierno "está intentando retorcer las instituciones, el Poder Judicial, intentando manosear el Supremo, sus salas, intentando que el Constitucional sea una sala de casación, es decir, que el Gobierno siempre quede impune porque siempre están ustedes por arriba para salvarles y para amnistiarles… de los ERE de Andalucía, del procés o del pobre fiscal que ahora va de víctima y necesita que le vuelvan a indultar como todas las personas que le rodean".
El Gobierno, sostiene la presidenta regional, "no puede quedar impune y esto destruye la democracia".
Qué ha aceptado el Parlamento Europeo
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado por vía de urgencia introducir dos peticiones ciudadanas sobre el Estado de derecho y la independencia judicial en riesgo en España, informa la Comunidad de Madrid en un comunicado. "Llevarán a su análisis por parte de los eurodiputados en la sesión de la comisión del 16 y 17 de marzo".
"El 23 de enero de 2025 se registró una primera petición contra la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, conocida como "Ley Begoña". Según el peticionario, esta iniciativa responde de forma "ad hoc" a investigaciones judiciales en curso que afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez y busca restringir drásticamente la acción popular e introducir una causa de recusación de jueces por motivos “políticos”".
El peticionario también recuerda que la ley "permitiría al Ejecutivo blindarse de investigaciones judiciales, dejando el control en manos de un Fiscal General cuya independencia está en entredicho y que enfrenta una causa penal por abuso de su cargo”. Por todo, ello pide a la Comisión Europea una investigación preliminar sobre esta ley por si el Gobierno, respeta o infringe la normativa europea (en particular los arts. 2 y 19 TUE), la jurisprudencia del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO. Solicita también que se remita la petición a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Jurídicos y Asuntos Constitucionales, para el oportuno seguimiento de la iniciativa.
Asimismo, solicita que se adopten todas las medidas para tratar de resolver la situación, acordando la celebración de audiencias, visitas de información o preguntas a la Comisión o al Consejo.
Ese mismo día también entró una segunda petición para denunciar que la reforma de la acción popular limita drásticamente la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y excluyendo a partidos, asociaciones y entidades jurídicas. Además, establece un control judicial sobre los querellantes, dificultando aún más su personación en los procesos.
Por otro lado, el peticionario subraya que la nueva causa de abstención obliga a jueces a apartarse de casos si han expresado opiniones críticas o participado en actos relacionados con las instituciones o sus representantes. Esto supone un ataque a la libertad de expresión y podría derivar en una persecución ideológica dentro del poder judicial.
Dado el riesgo de quiebra del Estado de Derecho, solicita al Parlamento Europeo que la Comisión Europea investigue si la ley infringe el derecho comunitario y los principios democráticos de la UE y que la petición sea remitida a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Constitucionales para su seguimiento.
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