El Supremo dice que es una "evidencia" que el fiscal general "ha hecho desaparecer pruebas"

El magistrado Ángel Hurtado ha dicho que es una "evidencia" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "ha hecho desaparecer pruebas" que podrían encontrarse en sus móviles, algo que no puede ignorar que tenga incidencia en la causa.

Hurtado ha dictado un auto en el que establece que a partir de ahora los anexos de los oficios que realice la UCO no se entreguen a las partes, sino que se consulten en la Secretaría del tribunal.

En su auto, el juez señala que "carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar", pero añade que "tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".

"Es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024", cuando es "notorio" que el juez abrió causa penal contra él ese mismo día.

"No desconoce este magistrado que carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar", pero añade que "tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".

Al respecto, el juez cita la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que dice que "desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerle, estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida".

Hurtado explica que cita este párrafo de la norma porque en este caso "es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el 16 de octubre", cuando abrió causa.

En este sentido, da cuenta de que "ante tal desaparición, y "el cauteloso conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la justicia", como dice la Lecrim, "ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva".

Unas medidas, continúa, "en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos".

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) acredita que el fiscal general borró todos sus mensajes de WhatsApp hasta en dos ocasiones, el 16 de octubre, el día que el juez abrió la investigación contra él, y que su cuenta de correo personal, a la que llegaron los correos que se investigan, "ha sido eliminada recientemente y quizá se pueda recuperar".

García Ortiz aseguró en el Senado que tuvo que cerrar su cuenta de correo personal, que hizo el 27 de diciembre, y cambiar su línea de móvil ante el "acoso" por haberse revelado sus datos personales en la investigación del Supremo.