Incluye la transferencia de competencias relacionadas con la acogida y la integración de inmigrantes, así como su regularización administrativa.
El Gobierno y Junts han alcanzado un acuerdo para la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalidad de Cataluña, en una nueva cesión de Pedro Sánchez al partido de Carles Puigdemont para contar con sus siete votos en el Congreso y mantener viva la legislatura.
Según informa El Español, el acuerdo incluye la transferencia de competencias relacionadas con la gestión de la acogida y la integración de inmigrantes, así como la participación en los procesos de regularización administrativa.
Tras la quita de más de 22.000 millones de la deuda catalana, este paso supone un avance significativo en las negociaciones entre el Ejecutivo y la formación independentista, que exigía esta cesión como parte de los compromisos para apoyar la investidura.
La cesión de competencias no será total, ya que el Estado mantendrá el control de las fronteras y las competencias en materia de extranjería. Sin embargo, la Generalidad podrá gestionar programas específicos para facilitar la integración social y laboral de los inmigrantes en Cataluña, una medida que ha sido celebrada por los dirigentes de Junts.
Esta transferencia de competencias se produce en un contexto de tensión en la Unión Europea, donde varios países han endurecido sus políticas migratorias ante el aumento de llegadas irregulares. La Generalidad tendrá la posibilidad de coordinarse directamente con las autoridades europeas en determinados aspectos, siempre bajo la supervisión del Gobierno central.
El acuerdo también incluye la creación de una mesa bilateral para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y evaluar el impacto de las medidas adoptadas. Esta mesa permitirá un seguimiento constante de la evolución de la situación migratoria en Cataluña y la efectividad de las políticas implementadas.
Desde el Gobierno se subraya que esta cesión de competencias responde a un enfoque pragmático y no supone una ruptura del marco constitucional. Sin embargo, la medida ha generado críticas desde la oposición, que acusa al Ejecutivo de ceder al chantaje de los independentistas y poner en riesgo la cohesión del sistema migratorio nacional.
Según informa EFE, la negociación entre ambos partidos se ha prolongado hasta la misma tarde de este lunes y el acuerdo alcanzado se presentará en el Congreso en forma de proposición de ley auspiciada por los grupos parlamentarios del PSOE y Junts.
Después de que Junts retirase la semana pasada la cuestión de confianza a Pedro Sánchez, a petición del verificador internacional, las negociaciones entre ambas partes se han retomado hasta llegar a este acuerdo.
Los principales escollos para la delegación de competencias de inmigración en Cataluña radicaban en la presencia de los Mossos d'Esquadra en espacios de frontera, la gestión de las órdenes de expulsión desde la Generalidad y la expedición de los Números de Identidad de Extranjero (NIE), tres cuestiones ante las que el Ministerio del Interior expresaba reticencias. Se desconoce por el momento de qué manera se materializará esta delegación ni la letra pequeña de la proposición de ley orgánica.