Durante varios años hubo que armarse de paciencia hasta conseguir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por la falta de acuerdo entre los dos únicos partidos que podían comprometerse a cumplir con los requisitos exigidos para componerlo. Oímos cantar insistentemente a la izquierda que la oposición actuaba inconstitucionalmente por no plegarse a pactar la renovación en los términos decididos unilateralmente por el Gobierno. La cantinela se repitió incesante durante la legislatura en que el Partido Popular estuvo liderado por Pablo Casado. Las negociaciones de entonces no llegaron a culminar por accidentes imprevistos del camino. Fue necesaria una renovación del liderazgo y una nueva legislatura para que se alcanzara un pacto que permitiera desbloquear una situación que durante años propició que el gobierno hiciera de opositor de la oposición sin que reconociera su cuota de responsabilidad del desvío constitucional en que incurrían a partes iguales por no alcanzar el consenso. Evitar que el Gobierno impusiera vocales amaestrados para controlar el Consejo pudo ser un buen motivo para la dilación.
El caso es que la oposición popular resistió a las acusaciones socialistas amplificadas por sus habituales pregones de radio, prensa y televisión pública. Escribo “resistió” porque obviamente hay una obligación constitucional de contribuir a la renovación del CGPJ, pero también no es menos obvio que no hay ninguna norma que exija a la oposición atenerse a los dictados gubernamentales de turno. Justamente lo previsto por la Constitución es el consenso con mayoría cualificada para que el pacto renovador cuente con una garantía de aceptación compartida. Para romper el bloqueo, el Partido Popular tuvo que proponer que participara como observador y conciliador de posiciones el consejero europeo de turno. Asegurar que la independencia política no sea una dependencia partidista, requiere que los jueces sean nombrados en su mayor parte por los propios jueces, condición que todavía está pendiente de cumplirse a pesar de haberse alcanzado el desbloqueo, un paso imprescindible felizmente avanzado, pero insuficiente para asegurar la deseable despolitización. Lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional resplandece estos días como ejemplo de despropósito entregado a la adulteración.
Ahora nos encontramos con una situación que no es un mero desvío del espíritu de la Constitución, sino que es manifiestamente inconstitucional, pero a la que no se está prestando la atención que merece, ya que implica que el Gobierno, arrinconado y casi sin fuerzas para sostenerse, camufla su debilidad propiciando su propia deslegitimación. Se trata que de la no presentación en las Cortes de los presupuestos generales del Estado para su aprobación anual. El gobierno los prorrogó dos años seguidos tras no conseguir su aprobación y ya ha decidido prorrogarlos para el tercero tras perder la esperanza de que sus socios los aprueben. Ha desistido también de presentarlos al Congreso con evasivas insultantes para no hacer “perder el tiempo” a sus Señorías. Juega a la ficción de que Sus Señorías tienen mejores cosas que hacer en el Congreso que pronunciarse sobre si las leyes principales de la legislatura son o no adecuadas y los motivos que les asisten para aceptarlas o impugnarlas. Razón por la cual no solo estamos en una legislatura sin leyes exigidas, sino también en una legislatura que reconoce estar fuera de la norma que legitima su actividad. El Gobierno queda fuera de la Constitución al privar a los ciudadanos a través de las Cortes de la información que necesitan para conocer las razones de los diputados para aprobar o rechazar la ley presupuestaria.
Esta sí es una actitud anticonstitucional. Porque lo que la Constitución exige para prorrogar un presupuesto de un año a otro es que los ciudadanos conozcan los argumentos para ser votados o enmendados, tanto si son aprobados como si no lo son. Lo llamativo es que tantas voces, que tan enérgicamente reprocharon al Partido Popular un incumplimiento inconstitucional imaginario, estén silentes ante el incumplimiento explícito del Gobierno de un mandato constitucional. El Gobierno argumenta que también hay autonomías regidas por el PP que prorrogan sus presupuestos porque no cuentan con la mayoría necesaria. Es cierto que proseguir un mandato con presupuestos heredados no es fuente de ilegitimidad ni para el gobierno de la nación ni para los autonómicos. Pero el argumento esconde la mala fe. Lo ilegítimo no es la prórroga por sí misma, incluso aunque sea de presupuestos ya previamente prorrogados. La reiteración de la prórroga podría entenderse como un desvío del espíritu constitucional, pero no como una fuente de ilegitimidad. Lo ilegítimo es hurtar a las cámaras y a los ciudadanos el obligado debate, porque eso es lo que el artículo 134 de la Constitución impone. Presentar un presupuesto no es equivalente a presentar o no una moción de censura cuando no se espera tener mayoría para ganarla. La naturaleza de la ilegitimidad procede de que sustrae una competencia a las Cortes Generales, “su examen, enmienda y aprobación”, o su prórroga si no fuera aprobado en el plazo previsto.
Estamos, pues, ante un gobierno cuya debilidad no solo es manifiesta, sino que incurre en ilegitimidad constitucional. En sus extenuantes condiciones, cuando es el propio gobierno el que actúa fuera de las Cortes, el que elude al Congreso y al Senado, el que impide a los ciudadanos la posibilidad de legitimar su mandato convocando elecciones, cabe preguntarse qué sentido tiene que la oposición colabore al disparate de difundir un bulo disfrazado de plan de defensa. Contribuir a un pacto de armamento sin un reconocimiento presupuestario de las Cortes, sin partidas que puedan especificarse, discutirse y contrastarse, no es una obligación respetable, sino una insensatez que arrastraría a la oposición a participar en la falsificación del debate necesario. Y lo mismo da que, a un plan sostenido por la ambigüedad, el misterio y la inconcreción, se le llame de rearme, de defensa, de armamento o de seguridad o se utilice para denominarlo una combinación sinuosa de todos o solo algunos de estos términos para hacerlo pasar por lo que no puede ser.
Si (
No(
