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EEUU

El Supremo ordena a Trump suspender las deportaciones basadas en una ley del siglo XVIII

Fotografía cedida por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde se muestra a un grupo de indocumentados sentados dentro de un avión militar camino a su deportación
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Fotografía cedida por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde se muestra a un grupo de indocumentados sentados dentro de un avión militar camino a su deportación (Foto: EFE/ US Air Force)
EL IMPARCIAL
sábado 19 de abril de 2025, 10:08h

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado las deportaciones de la Administración Trump al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

La ley en cuestión solamente se ha utilizado en otras tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, la más reciente en el contexto de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

En concreto, el Gobierno estadounidense abanderó esa ley para expulsar a El Salvador, el pasado 15 de marzo, a 238 venezolanos a los que acusa, sin haber aportado pruebas, de ser parte de bandas criminales como Tren de Aragua (TdA), en lo que supone un perfecto ejemplo del tipo de procedimiento que Washington estaría buscando generalizar.

El Gobierno del presidente de EEUU se ha propuesto deportar a un millón de personas este año, una cifra récord que incluiría miles de expulsiones a terceros países, algo que funcionarios y expertos consideran poco realista, según el diario The Washington Post.

De acuerdo a cuatro personas que trabajan o han trabajado en autoridades migratorias consultadas por el rotativo, la cifra de un millón de deportados para 2025 se está repitiendo con insistencia en diferentes corrillos privados en el ámbito federal.

La cifra supondría más del doble con respecto al número récord de en torno a 400.000 deportaciones efectuadas en el 2011 por el Gobierno del entonces presidente Barack Obama (2009-2017).

De cara a lograr este objetivo, EEUU está manteniendo contactos con una treintena de países para que acepten recibir "miles" de personas expulsadas que no sean ciudadanos suyos, según dos de los funcionarios citados por el periódico.

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