En su momento más bajo, el presidente del Gobierno se postra ante Puigdemont para tratar de salvar una legislatura tocada de muerte.
Pedro Sánchez depende más que nunca de los siete votos de Carles Puigdemont para seguir en el poder. Acuciado por los presuntos casos de corrupción que salpican a su entorno más inmediato, sin presupuestos y tras sendos fallos en infraestructuras críticas (un apagón insólito en la historia de Europa y un robo de cobre que ha dejado tiradas a más de 10.000 personas), el presidente socialista atraviesa su peor momento desde que llegó a Moncloa.
Quizá por ello, tras inventarse una "consulta pública" para impedir la opa del BBVA sobre el Sabadell, tal y como le exige su indispensable socio prófugo, el presidente del Gobierno ha afirmado, con el máximo boato, que “España y Cataluña somos países extraordinarios”.
En un discurso ante una amplia representación del empresariado catalán en el Círculo de Economía de Barcelona, Sánchez ha apostado, como si de un diputado de Junts se tratase, por “superar definitivamente el conflicto político” y ha asegurado que la relación entre Cataluña y el Estado es “una historia de éxito compartido que merece ser continuada”.
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha elogiado el papel de Cataluña en la economía española, destacando su capacidad industrial, su liderazgo en innovación y su vocación europeísta. “Cataluña es motor de progreso y ejemplo de dinamismo”, ha afirmado. “Por eso, el diálogo y el reconocimiento son el camino. Porque cuando nos reconocemos, avanzamos”.
Precisamente para garantizarse la estabilidad parlamentaria, Sánchez ha llevado a cabo algunas de las decisiones más polémicas de su presidencia en relación con el separatismo catalán, en contra, por cierto, de lo que juró y perjuró ante los españoles que haría.
Entre esas medidas se encuentra la concesión de los indultos a los líderes del procés condenados por sedición y malversación, una decisión que provocó una fuerte contestación tanto política como social. También ha impulsado y pactado con los partidos independentistas una vergonzante ley de amnistía con la que el Estado pidió perdón al secesionismo catalán.
Además, en otra medida sin precedentes, el Gobierno, lejos de endurecerlo, como había prometido Sánchez, promovió la derogación del delito de sedición —por el que fueron condenados los principales responsables del 1-O—, sustituyéndolo por uno de “desórdenes públicos agravados”, mucho menos castigado en el Código Penal. Este cambio legal, aprobado en 2022, ha sido interpretado como una cesión directa al independentismo para facilitar una nueva etapa de entendimiento.
Más recientemente, el Ejecutivo ha realizado otras cesiones en favor de Cataluña y en contra del resto de territorios españoles, como la transferencia de competencias en inmigración, la condonación de 17.000 millones deuda o la reforma legal para facilitar el regreso de empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña tras el referéndum ilegal.
Sánchez ha defendido hoy todas estas decisiones, cuyo único objetivo es el de contentar a ERC y Junts para seguir en La Moncloa, como “valientes y necesarias” para construir “una España en la que quepamos todos, sin excluir a nadie”.
“Hay que mirar al futuro con ambición, sin renunciar a lo que somos, pero construyendo juntos lo que podemos ser”, ha insistido el presidente. En clave económica, ha llamado a los empresarios a “confiar en la estabilidad y en la capacidad de transformación del país”, y ha prometido seguir impulsando inversiones estratégicas en territorio catalán.