Les iba a contar que hace unos diez días se cumplieron los tres cientos años de la muerte de don Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, duque de Escalona y marqués de Villena, fundador y primer director de la Real Academia de la Lengua, y para amenizarlos, alguna que otra anécdota sobre sus notorias peculiaridades y sus variadas andanzas como virrey de aquí y de allá. Con ello pensaba celebrar con toda solemnidad la entrada en esa docta casa de mi amigo Luis Alberto de Cuenca. Pero, vaya, los hados se pronunciaron —por decirlo de un modo fino— aviesamente adversos, y ni él ni el otro candidato obtuvieron el refrendo necesario para ocupar el sillón «o»; y ahí quedó esa «o» vacante, en más minúscula y desairada que nunca.
Triste episodio —al menos, para mí— que seguramente les habrá pasado inadvertido ante las últimas e indignantes revelaciones publicadas por la prensa sobre esos conchabeos del jaez más tabernario, para chantajear —pues no era otro su propósito— a jueces, a fiscales e incluso a un alto mando de la policía judicial, en este caso, perteneciente a la Guardia Civil. Y todo para torcer las investigaciones sobre las sólidas evidencias delictivas en las variadas, y en ocasiones hasta delirantes —como pretenderse docente sin titulación que lo acredite—, conductas de los más cercanos colaboradores e íntimos familiares del presidente del Gobierno; quien según se han vertido y se vierten los testimonios —algunos de auténtico bochorno; bástenos de muestra la declaración de su hermano David ante la juez de Badajoz— solo se le concibe como gran aval —si no es ya impulsor— de cada una de estas pútridas componendas.
Y si en un principio, todos los casos conocidos nos insinuaban un chusco abuso de su alta magistratura, y aun asentadas sus fundadas sospechas, fueran solo merecedoras de su inmediata dimisión más la imputación por un posible delito menor; este último complot contra altos funcionarios del Estado para que alterasen sus indagaciones a cambio de no enterrar sus carreras o incluso de no mancillar sus intimidades, de confirmarse, como se han ido confirmando todos los anteriores chanchullos, le granjearía calificativos más contundentes mientras lo implicaría en infracciones penales muy graves. Por cuanto, acorralado por la indeleble y rotunda sospecha, no le quedaría sino, como a Macbeth, resistir con cada vez más saña contra la tenebrosa sombra de la acusación e incluso contra el propio Estado, hasta el avance final de su singular bosque de Birman. Lo terrible sería el destrozo que causaría al país y a las instituciones durante ese tiempo de ira baldía.
En cuanto a mí y atisbando esta desazonante circunstancia, no me corresponde sino vaticinarles lo lesivo de ese posible porvenir tanto como proclamar mi hartazgo de un gobierno que ha demostrado sobradamente no solo su incapacidad sino su desprecio al pueblo español. ¿O de que otro modo puede interpretarse la inexistencia todavía de la prometida auditoría donde se iban a peritar las excepcionales medidas adoptadas durante la pandemia —por ejemplo; la razón para decretar la extraña fecha de la cuarentena, el computo exacto de fallecidos, los contratos del material sanitario…—, o qué decir de la provisionalidad de la población de La Palma o de la desdeñosa demora para restablecer las infraestructuras públicas y privadas en los municipios devastados por la atroz riada de otoño, por no mentar las averías cotidianas de los ferrocarriles, o las silenciadas causas del reciente apagón cuando cualquier ingeniero te las explicaba a las horas escasas de producirse, o ese otro insólito corte telefónico; sobre otros aconteceres menos estruendosos pero no exentos de sumo peligro, como es la privación de medios a los cuerpos policiales para su arriesgado aunque fundamental cometido, con el menoscabo de su seguridad en primer lugar y, en segundo y más importante, de la de todos nosotros? Y, entre tanto, el desfachatado incumplimiento de su primer mandato constitucional: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; cuanto implica de facto, ni más ni menos, que las administraciones han quedado al albur del improviso y del recurso extraordinario. En definitiva; que no hay gobierno.
Este sucinto memorial de agravios, donde si a la oposición pudiera achacársele su notoria torpeza para denunciarlo y propagarlo con eficacia entre los ciudadanos, en cambio no deja la menor duda de quien es su único culpable: el grupo parlamentario socialista. Porque cualquiera adivina que ellos deben saber muchos y más perniciosos extremos sobre todos estos sucesos, y aun así y pudiéndoselos evitar al pueblo antes de que afloren para estupor general y degradación de su formación y sus siglas, soportan a semejante presidente, cuando les resultaría tan fácil sustituirlo por otro camarada; ¿o acaso deba recordarles a sus señorías la advertencia de Casio en la inmortal Julio César (1599): «¡La culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros que consentimos en ser inferiores!»?
Pero si a ellos, como parece, los retiene de acometer tan higiénica medida el pancístico —y de todo punto indigno— «ande yo caliente y ríase la gente», nos corresponde, entonces, a nosotros componer ese caminante bosque de Birman, pues no solo últimamente se han detallado, en sucesivos y enjundiosos estudios, los acechantes enemigos de nuestro sistema de gobierno, sino que ya Platón, en el Libro VIII de La República (s. IV a.C.), pronosticó que toda democracia, presa de la arbitrariedad y el capricho, se conduce irremediablemente hacia la más feroz tiranía.