El juez procesa a García Ortiz por revelación de secretos a "raíz de indicaciones" de Sánchez

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha procesado este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la causa que investiga la filtrción de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid también ha sido procesada por el mismo delito.

Hurtado señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, "de común acuerdo" admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Un correo que le fue remitido por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

El juez añade que cabe presumir como hechos que "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando la información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024", el fiscal general del Estado, "con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía" sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, "entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo".

El relato de Hurtado

Hurtado destaca que dicho correo "contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales" de González Amador, "en una conversación privada" entre letrado y fiscal que está "sujeta a criterios de reserva y confidencialidad", como marca el protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General y el Consejo General de la Abogacía, y que "llevan aparejado un deber de discreción", por razón del cual "no es tolerable divulgación alguna a terceros".

Es más, argumenta que "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" tras la información publicada por El Mundo el 13 de marzo de 2024 a las 21:29, el fiscal general, "con la finalidad de ganar el relato" sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un pacto de conformidad, "entró en una dinámica de un frenético intercambio" de mensajes con otros fiscales para dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún acuerdo. Así, llamó a Rodríguez, quien a su vez llamó al fiscal del caso Julián Salto, para solicitarle, por encargo de García Ortiz, que le remitiera inmediatamente los correos entre él y el letrado de González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo. Entre esos correos estaba el email clave del 2 de febrero.

Según el instructor, "la finalidad" era la de reenviarlos inmediatamente al correo particular de García Ortiz, para facilitarlo a la cadena SER y que le diera publicidad, lo que ocurrió a las 23:25 horas en antena y a las 23:51 horas en su web, con una información que añadía que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado.

Esa nota se la envió después el fiscal general a Rodríguez, quien "le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación" -lo que ella niega- que se produjo a las 10:20 horas del 14 de marzo.

Paralelamente, desde Fiscalía General, y antes de que se publicara por otros medios el correo clave, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete de Óscar López, entonces director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien lo usó para dar instrucciones al que era líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, para que lo exhibiese en una intervención en la Asamblea de Madrid.

Los indicios del juez

El instructor destaca que "la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución" sujeta a "principios como el de legalidad e imparcialidad", que "pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado".

El instructor indica que "todo ello fue asumido por los investigados, desde el momento que, a una información confidencial de la que tuvieron conocimiento por razón de sus respectivos cargos como fiscales, le dan una publicidad que no debió alcanzar". Como indicios, subraya el informe de la UCO tras los registros de los despachos así como las declaraciones de los investigados y las testificales pero, ante todo, destaca que García Ortiz borró toda la información que contenían sus dispositivos.

Añade que a diferencia de Rodríguez, "ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos", una información "presumiblemente relevante" por el propio hecho de haberla eliminado que dejó "frustrada una parte de la investigación". Y deja claro que el correo clave del 2 de febrero "forma una misma unidad de acto con la referida nota informativa, por la ineludible interrelación que guardan".

Las defensas alegan que no existe delito de revelación de secretos porque la información había sido difundida con anterioridad y no puede considerarse como secreto lo que ya ha sido divulgado. Pero el juez no lo ve así y explica que un secreto "se trata de un concepto asociado a la intimidad personal, que goza, por lo tanto, de una protección constitucional, con lo que queda garantizado el derecho de su dueño, para que sea él, exclusivamente, el que libremente elija a quien transmite su propio mensaje".

De manera que "su intimidad se verá violada si un tercero los sustrae irregularmente y en contra de su voluntad y los difunde, con el consiguiente perjuicio que ello lleva aparejado; por lo tanto, el secreto existirá mientras su dueño no le quiera dar publicidad".

Y precisa que por más que González Amador hubiera autorizado hacer público el contenido de otro correo, como el de 12 de marzo, se estaba desvelando el secreto que contenía el de 2 de febrero, que se filtró sin su autorización, pues no consentía que se divulgasen datos tan sensibles, una confidencialidad que solo se vio quebrada cuando alguien ajeno a él y sin su autorización filtró su contenido.

Bolaños niega instrucciones de Monclona

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado "categóricamente" que hubiera eventuales instrucciones de la Presidencia del Gobierno al fiscal general del Estado y ha lamentado que el TS haga "una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria".

"Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto... El Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito", ha subrayado Bolaños.

El titular de Justicia ha asegurado que no ha leído aún el auto del juez del Supremo Ángel Hurtado, que considera que el fiscal filtró un correo electrónico sobre la investigación por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". Sobre este aspecto, Bolaños ha negado "rotunda y categóricamente" este extremo. "Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca".