La junta de accionistas de Redeia, celebrada este lunes de forma telemática, se ha convertido en el epicentro de una tormenta institucional y reputacional tras el apagón eléctrico del pasado 28 de abril. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica (REE), ha defendido con firmeza la actuación de la compañía, a la vez que ha denunciado una campaña mediática y empresarial “con acusaciones infundadas y muy graves” contra su gestión, señalando directamente a eléctricas, medios de comunicación e incluso al Gobierno como partícipes del intento de desprestigio.
Corredor ha iniciado la sesión reivindicando que REE “cumplió rigurosamente con la normativa” el día del apagón y ha reiterado que “si los generadores hubieran cumplido con sus obligaciones de control de tensión, no habríamos tenido un apagón”. Según la presidenta, la responsabilidad recae en las empresas generadoras de electricidad, que “no cumplieron los protocolos establecidos”.
La cita ha estado marcada por una elevada tensión. Durante el turno de preguntas, se escucharon frases como “exijo su dimisión”, “actitud lamentable” o “títere del Gobierno”. Una de las intervenciones más duras fue la de Artemi Suárez, accionista y concejal del PP en Langreo, quien arremetió contra la dirección de Redeia acusándola de “cobardía” por realizar una junta telemática y exigió la salida inmediata de Corredor. Esta decidió cortar la intervención por considerar que cruzaba los límites del respeto institucional.
Pese al clima de confrontación, Corredor logró el respaldo del 98% de los accionistas, que aprobaron todos los puntos del orden del día, incluida la renovación del consejo. Entre las nuevas incorporaciones destacan Arancha González Laya, exministra de Exteriores; Natalia Fabra, experta energética cercana al Ejecutivo; y Albert Castellanos, vinculado anteriormente a ERC.
La ofensiva más estructurada contra Corredor provino del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, en representación de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec). El abogado Antonio Selas acusó a la presidenta de difundir “informaciones contradictorias” y de “negar el riesgo” previo al apagón, asegurando que su permanencia supone una amenaza para la confianza de los mercados en Redeia. A estas críticas se sumaron tres asociaciones internacionales de inversores.
No obstante, la dirección de Redeia mantuvo su postura. El consejero delegado, Roberto García Merino, aseguró que la compañía no ha hecho provisiones porque considera que su actuación “fue adecuada en todo momento”. También defendió la profesionalidad de los empleados de REE y garantizó que “se defenderán los intereses de la empresa y de los accionistas allí donde sea necesario”.
Corredor concluyó reafirmando la “vocación de servicio público” de la empresa, con más de cuatro décadas operando el sistema eléctrico español. “Actuamos con transparencia, responsabilidad y resultados, y seguiremos trabajando por la transición ecológica y la reindustrialización del país”, sentenció.
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