La lucha contra la corrupción política en regímenes democráticos o aún con tenues equilibrios institucionales presenta el modelo de las dos caras de Jano: los políticos que legislan reglas con discursos de honestidad y los políticos --que en ocasiones pueden ser los mismos-- que más temprano que tarde aparecen involucrados en irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Dos casos están a la vista: en España, el tercer hombre de poder en el PSOE, José Luis Ábalos, acaba de ser encarcelado por corrupción en el manejo de dineros públicos y en México el grupo Vector fue acusado por el Departamento estadounidense del Tesoro de “lavar” dinero para el Cártel de Sinaloa y de paso dejó indicios de que el dueño de la financiera, el empresario Alfonso Romo, habría hecho operaciones sospechosas cuando era coordinador de financiamiento de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Todas las promesas y golpes de pecho contra la corrupción se topan con la pared de la impunidad, inclusive en casos en que los responsables puedan ser probados de delitos y enviados a la cárcel. Uno de los puntos centrales que el modelo de calidad de la democracia que promocionó el recientemente fallecido politólogo Leonardo Morlino exigía rendición de cuentas a los políticos sobre, entre otras cosas, el manejo de los dineros presupuestales del pueblo.
Al margen de los procedimientos legales, el enfoque jurídico de la corrupción en el poder se ha encontrado con lo que pudiera considerarse como la “solución de la capa de Harry Potter”. En la historia de este personaje, aparece una capa con la cual se desaparecía aquel que se cubriera con ella. En términos jurídicos, tanto en México como en España, existe el concepto de “levantamiento o exoneración del velo”, con la licencia literaria del concepto de velo como sinónimo de capa. A través de ese velo se puede cubrir o descubrir la responsabilidad directa de funcionarios en casos de corrupción en donde se quiere castigar a niveles menores. Concretamente, el presidente Sánchez está apelando a la exoneración del velo con el abandono de su colaborador Ábalos, quien según los indicios periciales habría cometido irregularidades en nombre de sus superiores políticos jerárquicos; y en el caso de México, el empresario Romo buscaría la misma exoneración del velo con el argumento de que él solo es presidente honorario de la empresa y que los responsables son los contadores que realizaron a su operación.
El levantamiento del velo como doctrina jurídica tanto España como en México refiere la capacidad de la autoridad para indiciar a los responsables reales de presuntos casos de corrupción. En México, por ejemplo, se está persiguiendo y castigando a narcos intermedios menores por el tráfico de drogas y la venta ilegal de huachicol o gasolina robada, pero hasta ahora no ha caído --como se dice en la jerga mexicana-- ningún pez gordo de la estructura política del Estado bajo cuya autorización por comisión o por omisión existieron esos delitos.
La capa de Harry Potter pudiera ser considerada ya como una categoría política y politológica en el escenario de la corrupción que padecen todos los países del planeta, en mayor o menor medida, en agravio de los recursos de recaudación fiscal que debiera dedicarse a programas de asistencia social, de subsidio a la pobreza y de estímulo a la producción privada.
Hasta ahora, los abogados están viendo la aplicación en España y en México de la exoneración del velo, pero buena parte de las bases políticas opositoras y hasta de la sociedad misma sin militancia partidista estarían clamando por el levantamiento del velo, con el único propósito de que se enjuicie a los responsables máximos de las irregularidades y no se agote la acción de limpieza política en meros chivos expiatorios.
En los casos de España y México involucran a titulares del Poder Ejecutivo, los dos señqalados en discursos insistentes y consistentes de compromisos para ponerle un alto a la corrupción política. Era una cosa es el verbo y otro la acción. Los presidentes Sánchez y López Obrador deberían ser los primeros interesados en deslindar responsabilidad de corrupción optando de mutuo propio por aplicarse a sí mismos el levantamiento del velo y evitar que la exoneración del velo pudiera llevar sus casos a niveles de impunidad de poder.
Los dos casos de corrupción caen perfectamente en la doctrina de la rendición de cuentas, pero en situaciones extremas en que los señalados por las circunstancias --si acaso no hay procesamientos judiciales específicos en contra-- debieran ser los primeros en exigir deslindamiento de responsabilidades, comenzando con lo que le corresponde a cada uno de los dos.
Por lo demás, la dicotomía que involucra las dos utilizaciones del velo deben llevar a las sociedades modernas y a sus parlamentos a construir mejores y más estrictas leyes y reglamentos que combatan la corrupción del poder, que protejan los recursos públicos de tentaciones privadas y que garanticen castigos para los responsables directos de tráficos de poder o de apropiación clandestina de recursos públicos.
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