El Pleno del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad su informe relativo al proyecto por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo de Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y en el que critica su exclusión de la formación de jueces y fiscales en favor de la
Fiscalía General del Estado.
El proyecto de Real Decreto incorpora a las funciones del CEJ la elaboración y ejecución de programas de formación y apoyo para la preparación de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, a los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado y al resto de cuerpos de la Administración de Justicia.
En su informe al respecto, el CGPJ advierte en primer lugar que esta nueva función del CEJ, de elaboración y ejecución de los referidos programas de formación, carece de la necesaria habilitación legal mientras no entre en vigor la reforma del artículo 434 de la Ley Orgánica del Poder Judicial actualmente en trámite, ya que en su redacción actual no ofrece la cobertura legal suficiente a esa ampliación funcional.
Recuerda, tal y como señaló en su informe al anteproyecto de ley que reforma el acceso a las carreras judicial y fiscal que, en coherencia con el principio de separación de poderes, la formación de los futuros integrantes del Poder Judicial debe residenciarse en órganos, organizaciones o personas ajenas a otro poder del Estado como el Ejecutivo.
Critica la "total ausencia de previsión de participación del órgano de gobierno del Poder Judicial", por lo que ve "imperativo" que en la elaboración y ejecución de los programas de formación y apoyo para la preparación de las pruebas de acceso se prevea expresamente su colaboración.
"Siendo pruebas de acceso comunes para ambas carreras por la categoría de juez o abogado fiscal, carece de sentido que en la elaboración y ejecución de estos programas deba colaborar la Fiscalía General del Estado, pero no el CGPJ", argumenta.
Además, destaca que no queda excluida la posibilidad de que estos programas puedan abarcar también el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de magistrado, lo que "redunda en la irrazonabilidad de la no previsión de la participación del órgano de gobierno de los jueces en esta materia".
Considera, así, que esa participación del CGPJ debe ser "significativa y determinante y en pie de igualdad", por lo que no ve adecuado que en la elaboración de este tipo de programas se dé participación al Consejo Rector del CEJ, en el que el órgano de gobierno de los jueces tiene una posición diluida, al contar con una de las ocho vocalías.
En cuanto a la concesión de becas para la preparación de oposiciones, insiste, como ya afirmó en su informe, en que "ha de tener una acogida favorable al facilitar la igualdad entre los opositores, con independencia de su situación económica".
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