El abogado del Ejecutivo comunitario argumenta que la ley “no permite o dificulta” averiguar si el procés socavó los intereses financieros de la UE.
La
Comisión Europea inistió este martes en que la
ley de amnistía no responde "a un objetivo de interés general" sino a un
"acuerdo político" para que Pedro Sánchez fuera investido presidente.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra este martes las dos primeras vistas sobre la ley de amnistía, en concreto, las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés y la Audiencia Nacional sobre los CDR acusados de terrorismo.
Sobre si la amnistía puso en riesgo los intereses financieros de la UE, el abogado de la Comisión afirmó que no existe "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión".s de la Unión".
La Comisión Europea ha señalado este martes que una amnistía que excluya la persecución de los delitos de terrorismo durante mucho tiempo, sin limitar su alcance o con definiciones vagas sería contraria al derecho europeo, pero ha propuesto dejar en manos de la justicia española determinar si la ley de amnistía es demasiado amplia a la hora de definir sus criterios.
El representante del servicio jurídico de la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, ha presentado estos argumentos legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dirime este martes en una vista si la amnistía de los delitos de terrorismo se ajusta al derecho de la Unión Europea.
"La Comisión considera que una amnistía tan amplia que excluyera en gran medida la persecución efectiva de las infracciones definidas en la directiva durante un largo periodo y sin limitar suficientemente su alcance a los objetivos que persigue, o mediante definiciones excesivamente vagas que podrían generar inseguridad jurídica, excedería los límites los requisitos del Estado de Derecho para las amnistías", ha señalado Urraca.
No obstante, ha precisado que corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar "si las disposiciones de la ley de amnistía cumplen con las condiciones requeridas por los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley y, por tanto, entre otros, si la diferencia de trato que introducen se basa en un criterio objetivo y razonable".
La respuesta del Gobierno
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado este martes que tanto la Comisión de Venecia como el Tribunal Constitucional han afirmado que la ley de amnistía responde a "un fin legítimo", y ha replicado así a la Comisión Europea, que ha cuestionado que la norma atienda a un objetivo "de interés general".
Al margen de la apreciación sobre el interés general de la ley, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Pilar Alegría ha hecho hincapié en que el Gobierno y la Comisión Europea coinciden en dos asuntos "centrales". "La ley de amnistía no afecta a los interese financieros de la UE y no contraviene la directiva contra el terrorismo", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo.
El abogado de la Comisión ha señalado que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España". Pero ha indicado también que, para la Comisión, no existe "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión".
Según Bruselas, corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se han desviado fondos europeos para financiar el procés, aunque el plazo de dos meses que la amnistía da a los jueces para aplicar la norma "podría impedir" que "se lleve a cabo este examen".