El pleno del parlamento asturiano ha expresado este lunes su rechazo a un acuerdo de financiación en Cataluña que suponga la "ruptura del régimen común" y a "cualquier modelo que privilegie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras".
Así lo ha hecho a través de una proposición no de ley defendida por el PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé y que ha salido adelante con el apoyo del PP y el parlamentario de Foro, Adrián Pumares, y el rechazo de Vox.
La aprobación de la iniciativa se ha producido tras el rechazo de otra alternativa presentada por el PP contra el pacto catalán, al recibir el rechazo del bloque de la izquierda.
La propuesta aprobada insta al Ejecutivo asturiano a que utilice "todos los instrumentos necesarios, si fuera preciso, para defender los intereses de Asturias" en materia de financiación autonómica.
Por otro lado, manifiesta la necesidad de abordar "cuanto antes" una reforma del modelo que garantice la prestación de unos servicios públicos "de calidad" a la ciudadanía, a partir "de los principios de igualdad, equidad y solidaridad, a través de una negociación multilateral entre las comunidades que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación".
Defensa de la multilateralidad
La propuesta aprobada tilda de "imprescindible" que el nuevo modelo tenga en cuenta las circunstancias socioeconómicas de Asturias y singularidades como el envejecimiento, la dispersión o la orografía, "a la hora de asegurar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad".
En este contexto, insta al Gobierno de España a que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, a través de una negociación multilateral, acordar las bases del nuevo modelo de financiación.
También reafirma el compromiso y consenso alcanzado en 2020 e insta al Gobierno de Asturias a hacer valer ese acuerdo, así como el alcanzado con otras siete comunidades autónomas y recogido en la Declaración de Santiago, en las negociaciones para la reforma del modelo de financiación.
Del mismo modo, pide que el Ejecutivo autonómico impulse la Mesa de Financiación como espacio de información, análisis y seguimiento del proceso de negociación sobre el nuevo modelo de financiación.
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