No parece que sea necesario justificar la afirmación que señala que el estado del bienestar se encuentra en crisis. Bastaría quizás para aseverar esta tesis con examinar los rudimentos de la propuesta que ha efectuado la Comisión Europea respecto de los próximos presupuestos de la Unión. Una redefinición de sus prioridades, sobre la base de integrar un incremento muy importante del gasto militar -cinco veces superior al de las antiguas cuentas-, la contención de los gastos de cohesión y un ajuste no menor en la financiación de la PAC -de 300.000 millones respecto de los 380.000 anteriores.
Y si no fuera suficiente con el examen de los presupuestos europeos, observemos lo que se plantea en uno de los países más importantes de Europa, nuestra vecina Francia. Su primer ministro, François Bayrou, ha presentado un recetario para sacarla de su prolongada crisis. Un indigesto guiso que prevé reducir 44.000 millones de euros, que establece la eliminación de dos días de fiesta, la congelación las pensiones, una contribución de solidaridad a las personas con mayores recursos, la estabilización de los presupuestos ministeriales -excepto el de Defensa- y la reducción de 3.000 empleos públicos.
El debate presupuestario europeo deberá atravesar los procelosos pasillos de, parlamento durante dos largos años, y no resulta improbable que sufra alguna modificación, en especial si el primer sector pone pie en pared. Otra cosa sucederá probablemente con el plan del gobierno francés, que seguramente no aparecerá en las páginas de, Journal Officiel de la République, ni su autor tendrá mucho futuro en la política de su país. Sin embargo, el adelgazamiento de la administración que en él se sugiere apunta en la buena dirección.
Un capítulo de los gastos a los que los gobiernos no sólo no le meten el diente sino que engordan de manera progresiva, es el de los dispendios superfluos en programas y contrataciones de asesores que sirven para muy poco más que para dar cobijo a los amigos políticos. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) lo sitúa -para España- en 60.000 millones de euros, una cifra que otros organismos consideran exagerada , pero que supone en todo caso un interesante punto de partida.
Abandonada la idea de los presupuestos base cero (PB0), por la cual todos los años debería comprobarse la adecuación de los programas a los objetivos inicialmente previstos, dejado de lado el debate de las duplicidades administrativas (¿qué partido incluye ahors en sus programas la eliminación de las Diputaciones y la reducción en el número de ayuntamientos?), y depositado en el baúl de las promesas olvidadas el recorte en el número de asesores, no parece que en España nuestros políticos estén muy dispuestos a operar un análisis serio respecto de los gastos públicos que financiamos los contribuyentes con nuestros impuestos.
Más allá de los pagos europeos, y situados en una cultura política y económica muy diferente de la nuestra, la salida de Elon Musk del primer nivel de protagonismo de la administración Trump adquiere una cierta significación. Como informaba el semanario británico The Economist, su elección había sido acogida con alguna esperanza. Para Shaun Maguire, socio de la firma de capital-riesgo Sequoia Capital, fue “una de las cosas más grandes que he leído”. El millonario gerente de un fondo de inversión, Bill Acman, escribía una guía acerca de cómo se podría influir a través de los procedimientos sugeridos por Musk en la política del gobierno. Incluso el líder del ala izquierda del partido demócrata, Bernie Sanders, redactaría un tweet afirmando que Musk estaba en lo cierto cuando apuntaba al gasto y al fraude en en el presupuesto de Defensa.
Pero el paso de Musk por el mundo de las reformas gubernamentales ha sigo episódico. El 28 de mayo anunciaba su desvinculación de esas tareas. A pesar de sus discutibles medidas de recorte del gasto, el balance de lo proyectado por el multimillonario, sólo ha afectado a un 6% del presupuesto, y los datos del Tesoro público norteamericano aseguran que el gasto continúa creciendo
El fraude, así como los pagos que no serían necesarios -de acuerdo con el Departamento de Cuentas del Gobierno- pueden suponerle al presupuesto miles de millones de dólares . Para la aseveración al detalle de esta consideración sería precisa una auditoría realizada por expertos en la materia, lo cual fue rápidamente rechazado por Musk, que ha trasladado buena parte de los despidos de los empleados públicos a los tribunales. Pero no es ésta la peor de sus contribuciones a la contención del despilfarro, la universidad de Boston ha estimado en nada menos que en 300.000 muertos las medidas adoptadas por Musk, y Bill Gates le ha acusado de matar a los niños más pobres del mundo.
Pese a todas las astracanadas que la reforma propuesta, de su autor y de su principal mentor -Donald Trump- no convendría ampararse en el fracaso y señalar con cinismo que el objetivo final propuesto, la reducción del gasto superfluo, ha dejado de constituir un asunto de primer orden. Como ha afirmado Max Stier, del Partnership of Public Service, una asociación humanitaria, “la propuesta implícita de que nuestro gobierno precisa de una modernización es muy correcta”.
Si esta propuesta es necesaria en la cultura de los Estados Unidos, tan basada en la desconfianza hacia el gasto público y en la preeminencia de la iniciativa privada, en un país en el que el nivel del bienestar se encuentra a años luz del europeo… ¿cómo no va a ser imprescindible en una Europa ahogada por un déficit que sólo cabe financiar a base de más deuda, hasta que la burbuja implosione y nos lleve a todos por delante?
Cuanto más tardemos en darnos cuenta de eso y mas nos demoremos en encontrar las soluciones más abrupta será la caída.
Si (
No(
