La democracia es un invento para articular la convivencia entre ciudadanos cuyos idearios disienten. Cuando hay salud democrática se acepta la discrepancia. No es la corrupción, mal endémico en toda sociedad, sino la mengua de deportividad política el signo más claro del deterioro de la convivencia. La descalificación del liderazgo de Felipe González, el socialista de mayor prestigio, ahora desprestigiado por su propio sucesor, ha desmentido la fingida honradez que unía a Sánchez con su historia socialista. El marrón de Montoro que toca lidiar al PP, es una nube de verano si se compara con la carga de profundidad que oculta una confesión de corrupción rubricada por el líder del PSOE. Es ahora un partido corrupto por definición de sí mismo, no solo porque lo digan los tribunales. Ni el fraudulento lavado constitucional de los ERE puede atenuar esta denuncia confesa del propio Secretario General, que cierra opciones a la legislatura para cuando se reanude pasado el letargo veraniego.
Se dice que la corrupción apenas incide en las decisiones del votante. Es difícil medir electoralmente el sentimiento que une la lealtad de la filiación con la degradación social del grupo cuando la decisión compromete tanto la autoestima personal. La experiencia del pasado muestra que los escándalos de corrupción influyen en la fidelidad del elector más de lo que muchos comentaristas aprecian. El ejemplo de González es claro. No resistió los veinte años anunciados. Su deterioro fue lento gracias al fortísimo potencial de un liderazgo solvente a pesar de los escándalos. Aguantó, porque ante los suyos y la ciudadanía no se dudaba de su sagacidad como socialista ni de su capacidad como gobernante. Por mucho que se insista en que la corrupción no se paga, acabó perdiendo el cetro por ese motivo. Ningún otro, ni la confrontación con Guerra o con el talante de un inspector de hacienda, podían hacerlo caer del pedestal.
Dejando aparte los casos traumáticos de pérdida del poder –un atentado terrible, tras la retirada de Aznar, y una brutal mutación del escenario económico por el fracasado Rodríguez Zapatero–, también fue la corrupción lo que degradó las expectativas de Rajoy tras gobernar con mayoría absoluta. Son muchos los que creen que, por haber dejado a Montoro el campo libre para traicionar el programa ofertado, el Partido Popular decepcionó a su electorado. El electorado hubiera pasado por alto el incumplimiento si los casos de corrupción ante los tribunales, que todavía colean como muestra el encausamiento de Montoro, no hubieran minado la autoestima del partido, erosionado su cohesión y mermado su credibilidad ante el ciudadano. El elector hubiera perdonado la ambigüedad de su alma socialdemócrata de no haber tenido que pagar la factura de la corrupción.
El acicate que luego impulsó a los partidos contra la casta bipartidista gobernante, fue la apelación regenerativa contra la corrupción. Lo que hizo que esa regeneración fuera flor de un día para Podemos fue que sus maneras no difirieran de las de la casta corrupta a cuya sustitución se había comprometido.
La actitud cambió desde que el sanchismo se ocupó en levantar un muro para impedir el bipartidismo. La alternancia en democracia necesita que la corrupción se purgue como está previsto, por encausamientos penales, y se pague por castigo electoral. El sanchismo inventó una oposición gubernamental contra Su Majestad desde dentro. Para los socios de un gobierno aglutinado por la deslealtad a Su Majestad, la corrupción, una mácula tan perenne en la sociedad privada como en la política pública, pasa a segundo plano. Lo prioritario es que la deslealtad arrope al Gobierno. Al levantar el velo que ocultaba la corrupción de González, la fidelidad a las siglas del PSOE, cuyo valor histórico queda expropiado, se sustituye por equilibrar la creciente debilidad con la resistencia para sacar provecho mutuo. Al encadenar su corrupción a la de la historia de las siglas del Partido Socialista, Sánchez bloquea en un todos somos corruptos, las reglas de saneamiento de la alternancia y de la actuación de la justicia, las previstas en el pacto constitucional del 78, ya herido de gravedad tras ser constitucionalizada por el Tribunal Constitucional una amnistía anticonstitucional.
Quedaba la expectativa post veraniega de que una oposición moderada, orientada a ganarse el respeto de una parte del electorado socialdemócrata, pudiera pactar en el futuro con un PSOE dispuesto a lavar sus inmundicias, calvario que todavía sufre el Partido Popular. La lacra endémica de la corrupción se lava y se purga. Se lava en las salas de la jurisdicción penal y se purga en las elecciones donde los ciudadanos son dueños de castigar el latrocinio en las urnas.
En esta situación el bipartidismo deviene imposible. La corrupción pasa de ser un gravamen sanable a ser un aglutinante que obstaculiza el trasvase de votos entre una oposición que declara ser leal a Su Majestad y un gobierno que reúne tras si todas las deslealtades acumulables. Devaluando el pacto constitucional por la corrupción, la gestión de gobierno se reduce a impedir la alternancia tanto dentro del partido socialista como fuera de él, se desacreditan los acuerdos, los controles democráticos resultan inoperantes, la acción de gobierno bloquea la convivencia entre disidentes. Si hace tiempo que el sanchismo quedó reducido a un muro entre leales a Su Majestad y desleales a la Constitución, ha excavado para el otoño una fosa alrededor del muro.
Al igualarse con González y Rajoy para descalificarlos por corruptos, Sánchez da el paso que devalúa la opción regeneradora, deprecia la historia anterior del PSOE, relativiza su propia corrupción usurpando unas siglas que inutiliza degradándolas para que solo sean suyas mientras las retiene, impide un pacto entre populares y socialistas porque, si para colaborar con el gobierno, están todos los enemigos de la Constitución, para denunciar el cambalache bipartidista, está Vox, su más fiel opositor.
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