El Gobierno de España ha decidido cancelar definitivamente los planes de adquisición de los cazas F‑35 Lightning II de Lockheed Martin, previstos para sustituir a los Harrier AV‑8B de la Armada y a los F‑18 del Ejército del Aire. La opción ha sido archivada tras la aprobación de una partida presupuestaria en 2023 por valor de unos 6.250 millones de euros, aunque fuentes ministeriales aseguran que los contactos han quedado suspendidos sine die en favor de inversiones en defensa europeas.
La decisión responde a un nuevo enfoque estratégico: el Ejecutivo se ha comprometido a invertir el 85% de los 10.500 millones de euros adicionales aprobados para la defensa en manufactura europea, lo que imposibilita la compra del F‑35, considerada incompatible con esa política financiera. Esta postura se produce en un contexto de tensión con EE. UU., intensificada tras la negativa del presidente Pedro Sánchez a elevar el gasto militar al 5 % del PIB, propuesta impulsada por Donald Trump, quien llegó a amenazar con imponer aranceles sobre productos españoles.
La renuncia tendrá incidencia directa sobre la Armada, que en 2030 retirará los Harrier sin alternativa viable. La única versión naval del F‑35, el F‑35B, era esencial para mantener la aviación embarcada en el buque Juan Carlos I. Ante la falta de sustituto, se encarga a Navantia un estudio para diseñar un portaaviones con pista convencional que permita operar otros cazas europeos como el Rafale, aunque no estará listo a tiempo para evitar un periodo de incapacidad operativa.
Mientras tanto, el Ejército del Aire continuará operando una flota de Eurofighter Typhoon, que ya ha incorporado 45 unidades, y mantiene los F‑18 hasta 2035. El F‑35A fue descartado como un “puente tecnológico” hacia el futuro caza europeo (FCAS), que no entrará en servicio hasta 2040.
Fuentes del Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, han confirmado que la opción estadounidense “ya no encaja” dentro de la política que exige que la mayoría del gasto militar se destine a proyectos europeos.
En un comunicado, se argumenta que los F‑35 implican un control excesivo de Estados Unidos sobre sistemas críticos, restricciones en su uso operativo y dependencia tecnológica que va contra la estrategia de soberanía nacional. Además, los elevados costes de mantenimiento y las infraestructuras que Lockheed Martin exige para operarlos han reforzado la decisión de buscar alternativas como Rafale (Francia), Gripen (Suecia) o el propio Eurofighter, además de sumarse a proyectos como FCAS y Tempest/GCAP, en desarrollo para la próxima década
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