La mayoría Frankenstein libra a Sánchez de explicar en el Congreso la presunta corrupción que le rodea

La mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a blindar al presidente del Ejecutivo frente a las peticiones de la oposición para que comparezca en el Congreso de los Diputados y dé explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su entorno más próximo. En la Diputación Permanente celebrada este martes, el Partido Popular no consiguió reunir los apoyos suficientes para forzar la presencia de Sánchez y de varios de sus ministros, pese a que cuatro de ellos sí acudirán a la Cámara Baja la próxima semana, a petición propia, para informar sobre cuestiones relacionadas con los incendios o la gestión de la red ferroviaria.

El PP, que contó con el respaldo de Vox y en algunos puntos también con el de Junts, no logró, sin embargo, que prosperara ninguna de sus solicitudes. Podemos se desmarcó del bloque de la investidura en tres ocasiones absteniéndose, mientras que Junts votó a favor de casi todas las comparecencias excepto en el caso de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, de la titular de Igualdad, Ana Redondo, y del propio presidente del Gobierno, en los que optó por la abstención. Finalmente, Sánchez y la mayoría de los ministros reclamados por los populares no tendrán que rendir cuentas, aunque sí comparecerán, de forma voluntaria, Aagesen, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Ana Redondo.

La petición del PP respecto a Sánchez estaba motivada por los nuevos delitos imputados a su esposa, Begoña Gómez, por la investigación judicial a la exmilitante socialista Leire Díez y por el incumplimiento del informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, conocido como GRECO. Durante el debate, los populares acusaron al Gobierno de utilizar “artimañas con patas muy cortas” en la gestión de los incendios al no enviar, según denunciaron, la ayuda que reclamaban distintas comunidades autónomas. Desde el PSOE se respondió reprochando que esas comunidades solo contraten a personal en temporada de incendios, alterando además el alcance real de las peticiones de auxilio.

La oposición también centró sus críticas en la red ferroviaria, donde el PP señaló al ministro Óscar Puente como “buque insignia de la incompetencia” y denunció el “caos” de cancelaciones y retrasos que sufren los viajeros. Sumar reconoció los problemas del servicio ferroviario, aunque puntualizó que no todos son responsabilidad del Estado. Puente es, precisamente, uno de los ministros que ha decidido acudir por iniciativa propia al Congreso para dar explicaciones la próxima semana.

En el plano político, el PP afeó a Sánchez su “victimismo” y sostuvo que el presidente no rindió cuentas en su última intervención del 9 de julio, limitándose, en su opinión, a insultar a la oposición y eludir responsabilidades mientras el “circo de la corrupción sanchista” no ha hecho más que crecer. El PSOE contraatacó acusando al PP de propagar “fango” y recordó supuestos contratos vinculados al despacho “Equipo Económico”, fundado por el exministro Cristóbal Montoro, durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia.

Otro de los puntos de fricción fue la petición de comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para explicar el apoyo del Ejecutivo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su procesamiento judicial. El PP cuestionó por qué se le sigue respaldando cuando, a su juicio, la situación es ya “insostenible”. Vox coincidió con esa posición y acusó a García Ortiz de ser “el fiscal del Gobierno”, mientras que el PSOE replicó denunciando la “obsesión enfermiza” del PP con este asunto. Bildu criticó lo que calificó de “interés mediático” de los populares al insistir en estas cuestiones y el PNV descartó que la actuación del fiscal general encierre delito alguno.

Por último, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también será una de las que acuda voluntariamente al Congreso para detallar la acción de su departamento y abordar el repunte de casos de violencia machista registrado durante el verano. Con esta decisión de la mayoría parlamentaria, Sánchez queda exento, por ahora, de dar explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que rodean a su entorno y que la oposición considera que minan la credibilidad de su Gobierno, en un escenario en el que los equilibrios con sus socios de investidura siguen resultando determinantes para garantizar la estabilidad de la legislatura.