Donald Trump encontró en el tema de migración y narcotráfico la puerta de entrada a la política presidencial y con esa bandera ganó las elecciones en 2016 y en 2024. Con la deportación masiva brutal, desordenada y policíaca de cientos de miles de migrantes que carecían de permiso para trabajar y de paso a miles de migrantes legales que cayeron en las redadas, el Gobierno de Trump ha ocupado los espacios mediáticos.
El segundo tema prioritario de Trump fue en del narcotráfico y ahí operó en cuanto menos tres objetivos: tratar tibiamente de recomendar el no consumo de drogas aunque sin afectar el derecho del adicto a drogarse como le pegue su gana, capturar legal o ilegalmente y hasta ahora solo a jefes del Cártel de Sinaloa y ninguno de los otros ocho carteles que dominan la producción e introducción de droga y convertir el discurso del narcotráfico en una estrategia política bilateral con México.
Pero el tema de inmigración ha comenzado a atorarse por los estilos bruscos y represivo y en la capacidad de organización jurídica de los afectados en el tema del narco. Trump tiene en prisiones americanas al fundador en jefe del Cártel de Sinaloa (Joaquín El Chapo Guzmán), al encargado del área de fentanilo (su hijo Ovidio Guzmán López), al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del presidente Calderón Hinojosa 2006-2012 (Genaro García Luna) y en los últimos meses se operó el secuestro del encargado en funciones del Cártel del Chapo (su compadre Ismael El Mayo Zambada).
Paralelamente a esta estrategia que sin duda es significativa por el descabezamiento del Cártel de Sinaloa --el número 1 en la lista de la DEA y de la seguridad nacional de la Casa Blanca--, los resultados prácticos han sido menores: la producción y tráfico de fentanilo no se ha interrumpido, el consumo de la droga sigue siendo alto en Estados Unidos por falta de una campaña efectiva de disuasión y la estructura político-criminal de los cárteles de la droga continúa vigente en cuanto menos el 80% del espacio territorial de la República de México donde el narcotráfico comenzó su ocupación prácticamente desde la creación del primer cártel, el de la marihuana de Guadalajara, en 1984.
Aquí hemos señalado y hay que seguir insistiendo que la droga no se combate solo con enfoques policiacos o de seguridad, sino que se requiere de una estrategia integral que involucre compromisos del Gobierno para disuadir su consumo y luego en el compromiso de la sociedad para determinar que la droga es dañina para los jóvenes y los adultos y que la propia sociedad tendría que sumarse a una campaña de combate local.
La primera responsabilidad de lo que podríamos llamar la sociedad política del narcotráfico corresponde a los tres niveles de gobierno en México: el municipal, el estatal y el federal, y que por la configuración piramidal y avasallante del estructura de gobierno federal, los niveles subordinados estatal y municipal han sido descuidados y muchos de ellos han preferido acuerdos, asociaciones, entendimientos y pactos con el crimen organizado.
La estructura criminal del narcotráfico en México ya no solo controla zonas territoriales para sembrar o producir químicamente la droga, sino que para lograrlo ha tenido que ir absorbiendo y subordinando a las autoridades locales y federales de gobierno y sobre todo a las policías.
El gobierno del presidente López Obrador cometió el error de desarrollar un modelo de seguridad ante el narcotráfico que se conoce --porque ha sido aplicado en otros países de Sudamérica-- como “gobernanza criminal”: es decir, una especie de pacto político y de gobierno para que los cárteles operen en zonas territoriales de la soberanía del Estado, pero a condición de no generar inestabilidad social y de gobierno sino inclusive –y este era el secreto-- colaborando en el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad de las plazas.
Sin embargo, y a pesar de compromisos pactados con las autoridades locales y federales, el narco no cumplió su parte del compromiso de estabilidad e inclusive corrompió a sectores sociales y lo que es más grave aún se hizo cargo de las administraciones económicas y de gobierno locales, cobrando impuestos, vendiendo protección, poniendo y quitando autoridades y desplazando, en pocas palabras, a las autoridades legales.
Esta situación ha llevado a un punto que la autoridad federal en México repudia como argumento y niega con toda severidad: la existencia de verdaderas zonas francas territoriales en espacios soberanos del Estado mexicano en poder de los cárteles. El caso de Sinaloa ilustra con claridad: el actual gobernador estatal Rubén Rocha Moya aceptó en una plática con el periodista Salvador García Soto, del periódico El Universal, que había pactado nada menos que con Ismael El Mayo Zambada, el gran capo secuestrado en México y que el pasado lunes 25 de agosto se declaró culpable de todos los delitos que lo acusaba de Estados Unidos, aceptó pagar una multa de 15,000 millones de dólares y dicen que entregó nombres de políticos, empresarios, funcionarios, policías y militares que estaban en su nómina.
Pero el grado de penetración social del narco ha sido tan grande que sin las cabezas ni apoyos principales el Cártel de Sinaloa sigue funcionando en la producción y tráfico de droga a Estados Unidos.
Trump hizo campaña y ganó elecciones con la bandera de que iba a “desaparecer de la faz de la tierra” los narcos y sus cárteles, pero la DEA no se canse de informar cada año que nueve cárteles mexicanos ya se instalaron como estructura criminal de poder dentro de Estados Unidos y controlan el tráfico hacia los 50 estados de la Unión americana para satisfacer la demanda de los millones de adictos que exigen su droga todos los días.
Así que Trump y su estrategia de migración y antidrogas han fracasado.
indicadorpolitico.mx
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