El fiscal general reconoce las "singularidades" de su presencia en el acto del TS

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado ante el Rey que es "plenamente consciente" de su situación procesal, pero ha dejado claro que si asiste a la apertura del año judicial es porque cree en la justicia y en las instituciones que la conforman "y, por supuesto, también en la verdad".

García Ortiz se ha referido así en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo después de que las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le hayan pedido que no asistiera a este acto por estar procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio.

Bajo la atenta mirada de jueces y fiscales, entre ellos quienes previsiblemente le juzgarán en los próximos meses, el fiscal general ha asegurado que es "plenamente consciente de las singulares circunstancias" de su intervención como consecuencia "de su situación procesal", y ha señalado que respeta todas las opiniones.

Pero acto seguido ha hecho una mención directa: "Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad".

La Fiscalía no es una caricatura sumisa

Además, García Ortiz ha aprovechado la ocasión para pedir respeto al Ministerio Público y defender a la institución: "Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley".

Es más, ha subrayado que "lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía es la mejor salvaguarda para la ciudadanía y el Estado de derecho". Por eso, ha apelado a la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, un cambio legal que "precisará de una metamorfosis de la Fiscalía española".

Entre ellos, ha citado, "los procesos internos de toma de decisiones para encauzar las discrepancias". "Será preciso, pues, establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al general. Restringir el poder del fiscal general del Estado, si se considera pertinente", ha añadido.

"Es un honor"

García Ortiz ha comenzado su discurso subrayando explícitamente su posición institucional como fiscal general. "Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí -en mi condición de fiscal general del Estado- en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo".

Inmediatamente ha hecho referencia a que acude a "este acto solemne y reglado presidido por el jefe del Estado" para "participar como dispone la ley en la apertura de un nuevo curso judicial en España".

Malestar de jueces y fiscales

Esta semana, las principales asociaciones de jueces y fiscales han lanzado un mensaje contundente pidiendo que García Ortiz no participe en la apertura. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, entre otras, consideran que su presencia constituye un daño irreparable a la imagen de la institución que dirige y una falta de respeto hacia el Rey, quien ha sido recibido en el Supremo con vítores.

Aunque jueces y fiscales coinciden en que el fiscal general tiene derecho a la presunción de inocencia, argumentan que su actual situación procesal lo inhabilita de facto para ocupar un lugar central en un evento de tal simbolismo. Para muchos magistrados, no se trata de un debate jurídico sino de una cuestión de decoro y legitimidad: que un procesado tome la palabra en representación del Ministerio Público ante la cúspide de la magistratura erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad de la Justicia.

La controversia también ha alcanzado al Consejo General del Poder Judicial. Los diez vocales de tendencia conservadora han remitido una carta a la presidenta interina, Isabel Perelló, instándola a trasladar a García Ortiz la “inconveniencia” de su participación. El objetivo, según defendieron, no era interferir en su agenda sino preservar la serenidad de la ceremonia y evitar que el acto derive en un espectáculo político. En esa misma misiva, también sugirieron que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ocupe un lugar inmediato junto al monarca en la tribuna, en lo que interpretan como un gesto necesario para salvaguardar la separación de poderes y evitar que la imagen del Rey quede vinculada a la disputa política que se cierne sobre el sistema judicial.

El terreno político, por su parte, ha entrado de lleno en la polémica. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció que no asistirá al acto. Lejos de ser una ausencia discreta, la justificó como una decisión “coherente” que, según sus palabras, responde a la voluntad de no legitimar ni el ataque del Gobierno a los jueces que investigan a la familia Sánchez ni la presencia de un fiscal general que se sienta ante sus propios magistrados en condición de procesado. Feijóo subrayó que su ausencia no pretende desairar al Rey, sino que constituye precisamente un gesto de respeto hacia la institución monárquica y hacia la independencia judicial.