JUCIL, asociación mayoritaria en la
Guardia Civil, ha advertido de que la
memoria de la Fiscalía del Estado vuelve a evidenciar una realidad alarmante: “el narcotráfico deteriora gravemente la seguridad en España y, en particular, en Andalucía, donde se concentran las mayores cifras de procedimientos y la violencia asociada a este fenómeno”.
Según JUCIL, la Fiscalía subraya que el bajo precio de la cocaína refleja una disponibilidad sin precedentes, un dato que contrasta con los “balances triunfalistas” del Ministerio del Interior, que en 2024 destacó un aumento del 43 % en las operaciones policiales dentro del Plan del Campo de Gibraltar.
“Los guardias civiles estamos al límite. La memoria de la Fiscalía demuestra que, pese a los esfuerzos policiales, el narcotráfico se expande, la violencia crece y la seguridad se deteriora. Es hora de que el Gobierno pase de los discursos a los hechos”, denuncia JUCIL en un comunicado.
En el caso de Andalucía, JUCIL sostiene que “vuelve a situarse en el epicentro del narcotráfico”, puesto que la memoria describe a esta comunidad como la más castigada y visible en la lucha contra la droga, “donde los narcotraficantes actúan con actitud desafiante hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad, exhibiendo narcolanchas y armas de guerra”.
Asimismo, apunta que la consolidación de nuevas rutas en diferentes provincias, “ya no se quedan en el Estrecho y van a otros puntos de la costa”, como por ejemplo Huelva, donde, dicen, se ha registrado un incremento del 600% en incautación de cocaína (de 558 kilos en 2023 a 2.972 kilos en 2024), con organizaciones que además disponen de armas de guerra y operan con estética paramilitar.
En Granada, pone el acento en el desembarco de bandas internacionales (albanesas, lituanas, holandesas) en el cultivo de marihuana, desplazando a clanes locales y aumentando la violencia.Mientras, Málaga protagoniza un alza del 28,65% en procedimientos, tercera provincia de España en causas por tráfico de drogas tras Barcelona y Madrid.
En Cádiz, el Campo de Gibraltar sigue siendo territorio crítico, con repunte de diligencias y graves delitos asociados y recuerdan el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
En total, en Andalucía la memoria contabiliza 5.276 procedimientos tramitados en 2024, con incrementos en casi todas las provincias.
La propia Fiscalía reconoce que el marco legal actual resulta insuficiente, algo que, para JUCIL, “conduce al fracaso de investigaciones complejas y genera impotencia y frustración entre guardias civiles, policías, jueces y fiscales que trabajan contra unas redes criminales cada vez mejor organizadas y violentas”.
También señalan que el criterio de la “interprovincialidad” es inadecuado para definir los delitos más graves que deberían recaer dentro de la competencia de la Audiencia Nacional.
En este sentido, JUCIL se suma a las peticiones de la Fiscalía y espera que la especialización de órganos territoriales pueda paliar los problemas de algunas zonas y provincias como el Campo de Gibraltar, Huelva o Málaga.
Así, la asociación considera urgente que el Ministerio del Interior aborde el problema del narcotráfico de manera estratégica y no con medidas coyunturales, adaptando la respuesta del Estado a la capacidad de evolución de las organizaciones criminales.
En lo que respecta a la Guardia Civil, reclaman un refuerzo inmediato de las plantillas en las provincias más castigadas por el narcotráfico, más inversión en medios materiales y tecnológicos que permitan frenar la expansión de las redes criminales, y recursos marítimos adecuados para combatir de manera eficaz el uso de narcolanchas.
Otra de las medidas necesarias es la declaración del Campo de Gibraltar y la costa andaluza como Zona de Especial Singularidad (ZES), clave para atraer y retener personal cualificado ante la extrema presión delictiva en la zona.
Mafia albanesa en Castellón
La Fiscalía General del Estado ha alertado sobre el incremento de las causas relacionadas con el narcotráfico en la Comunitat Valenciana y, especialmente, sobre la presencia de la mafia albanesa en Castellón, donde la población reclusa de esta nacionalidad es ya mayoría.
Las causas abiertas por tráfico de drogas han crecido de forma significativa durante 2024 en la Comunitat Valenciana, según la Memoria de la Fiscalía, con aumentos del 19,3 % en la provincia de Valencia, del 12,9 % en Castellón y del 3,32 % % en Alicante.
En palabras del delegado especial antidroga del Ministerio Público en Castellón, José Joaquín Taus, el incremento en esta provincia es "abrumador", puesto que "los alijos que antes eran de varios kilos son ahora de cantidades en muchos casos superiores a los 100 kg, llegando a incautarse, por primera vez en la zona, una cantidad cercana a las tres toneladas".
Igualmente, ha subido notablemente el número de detenciones por este delito en la provincia, al pasar de 154 en 2023 a 209 personas en 2024.
Estas circunstancias llevaron a la Fiscal Jefe y a la Fiscalía Especial Antidroga a considerar la necesidad de acordar la exclusividad del delegado en esta provincia, que fue aprobada por la Fiscalía General ya a finales del año 2024.
La Memoria de la Fiscalía advierte sobre el hecho de que "en esta provincia del norte de la Comunidad Valenciana se ha conseguido la desarticulación de varias organizaciones criminales".
"Llama la atención la presencia de ciudadanos albaneses que integran estas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, dando lugar a que en el Centro Penitenciario de Castellón la población reclusa más numerosa sea de esta nacionalidad".
"La presencia e instalación en la Comunidad de la mafia albanesa se constata igualmente en la provincia de Valencia, donde se dedican tanto al cultivo y transporte de marihuana como a la introducción y rescate de contenedores en el puerto de Valencia, en una actividad que comienza en muchos casos en Ecuador, donde es ya notoria la instalación de organizaciones de narcotraficantes albaneses en el puerto de Guayaquil", añade literalmente la Memoria de la FGE.
Sin perjuicio de la actividad intensa en Castellón y Alicante, el foco principal de tráfico de drogas es el Puerto de Valencia, que se sigue situando como "el tercer puerto de Europa y el primero en España en los primeros cálculos del CITCO en número de incautaciones de cocaína".
El número de contenedores intervenidos ha pasado de 39 en 2023 a 37 el año pasado, con un ligero descenso del peso de la cocaína incautada que pasa de 12.523 kg de cocaína a 9.886 kg.
Los contenedores contaminados proceden en su mayoría de Ecuador y de México.
El delegado antidroga de Valencia constata el cambio en el método de rescate de la cocaína de los contenedores que se comentaba el año pasado, que sustituye al gancho ciego o 'rip off' por el gancho dirigido en el que el cargamento se rescata fuera de las instalaciones portuarias.
Un capitán de la Guardia Civil sospechoso
La Memoria cita expresamente el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional tras la detención de un capitán de la Guardia Civil que había sido responsable del resguardo fiscal del puerto de Valencia durante varios años.
"Constan sólidos indicios de la actividad de un entramado criminal dedicado a la introducción de importantes cargamentos de cocaína a través del puerto de Valencia, al que no simplemente ayudaba, sino donde se integraba con un papel relevante el capitán detenido", apunta el Ministerio Público.
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