El Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado una enmienda de Junts per Catalunya que convierte al catalán en lengua de uso obligatorio en la atención al cliente de las grandes compañías en todo el territorio nacional. La medida se aplicará a empresas con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros.
El catalán, obligatorio en la atención al cliente de las grandes compañías
En un comunicado, el partido de Carles Puigdemont asegura que "será obligatorio que los trabajadores de los servicios de atención al cliente conozcan el catalán para poder atenderlos respetando sus derechos lingüísticos".
Esta obligación afectará "a la totalidad de los servicios básicos de interés general y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales", según Junts.
A partir de la entrada en vigor de la norma, cualquier ciudadano podrá exigir ser atendido en catalán, tanto en comunicaciones verbales como escritas. Las empresas estarán obligadas a formar a su personal de atención al cliente para garantizar este derecho lingüístico.
El alcance de la medida incluye sectores considerados esenciales, como energía, telecomunicaciones, agua, transporte público, banca, aseguradoras y servicios postales.
Junts celebra un “cambio de paradigma”
Junts ha destacado que la aprobación de esta enmienda supone un “cambio de paradigma” en la política lingüística del Estado. La formación independentista subraya que, por primera vez, el derecho de los consumidores a utilizar el catalán se extiende más allá de Cataluña y se aplica a todo el territorio español.
Más concesiones de Sánchez en busca de apoyos para los Presupuestos
La concesión llega en un momento clave para el Gobierno, que necesita cerrar acuerdos con sus socios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Durante los últimos meses, Junts ha presionado al Ejecutivo con exigencias en materia de lengua, financiación autonómica y competencias, consolidando su papel como aliado imprescindible en el Congreso.
El presidente Pedro Sánchez se ve así obligado a equilibrar las demandas de Junts con la estabilidad parlamentaria, consciente de que un fracaso en las cuentas públicas podría comprometer el rumbo de la legislatura.
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