Uno se imagina al presidente Donald Trump en el cuarto de guerra --ahora sí literal-- de la Casa Blanca mirando monitores de cámaras especiales nocturnas que --se supone-- están montadas en drones especiales de espionaje o de vigilancia. Y se puede ver los objetivos en acercamientos que impiden identificar rostros de las personas a bordo y de pronto se debió haber escuchado la orden del comandante en jefe de las fuerzas militares americanas para disparar misiles de destrucción contra esas naves que presuntamente transportaban droga y contrabandistas.
Luego uno también se puede imaginar el rostro de satisfacción --algunos dirían que con gestos infantiles y otros advertirían el ejercicio del poder absoluto (sin el casi) en una persona-- del presidente de EE UU porque en diferentes días y situaciones destruyó hasta ahora o al menos en cifra conocida y anunciada de manera oficial de cuatro lanchas –sí: lanchas--, la muerte --también solo información oficial-- de alrededor de una treintena de presuntos contrabandistas y la destrucción de no se sabe cuántos kilos concretos de droga y de qué droga se hundieron.
La información oficial de estos cuatro ataques contundentes del poderío americano contra --valga la palabra solo en comparativo-- lanchitas de presuntos narcotraficantes se puede cruzar también con otro dato difícil de precisar pero fácilmente de tomar de la realidad y llevarlo a la mesa de debates: el número de consumidores estadunidenses de droga siguió siendo el mismo y el incidente de las lanchas se puede llevan el absurdo de una frase muy común en América Latina: las cuatro lanchas fueron como quitarle un pelo a un gato peludo.
El problema de Estados Unidos en materia de narcotráfico tiene tres universos complejos que requieren de enfoques más profesionales: la producción a nivel internacional, el contrabando que sigue entrando por toneladas a Estados Unidos debajo de las narices de la DEA y de todo el poderío militar estadounidense y el consumo que sube y baja por temporada pero que mantiene una tendencia sólidamente ascendente que es la que se convierte en factor de demanda que prohíja o patrocina la existencia de cárteles del narcotráfico.
Las informaciones proporcionadas por la Casa Blanca sobre las lanchas destruidas coincidió con dos informaciones que tienen que ver con decisiones formales del Gobierno de Estados Unidos en materia de narcotráfico: el 8 de septiembre pasado la DEA informó de un gran operativo a nivel americano e internacional contra específicamente el Cártel de Sinaloa, cuyos jefes --el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López y el capo de capos Ismael El Mayo Zambada-- purgan ya condenas o juicios en las Cortes estadounidenses y esos personajes están encerrados a piedra y lodo en cárceles de altísima seguridad.
El saldo de esta operación, mirado de manera individual, fue significativo: 617 arrestos, 480 kg de fentanilo en polvo, 714,707 píldoras, casi 7.5 kilos de cocaína y 16.5 kilos de heroína, además de incautación en total de casi 13 millones de dólares. Estos datos se tienen que cruzar, obviamente, con el volumen de consumidores de droga dentro de Estados Unidos, que varía entre el 25 y el 35% de los habitantes, algo así como entre 85 y 115 millones de personas que constituyen el mercado de demanda.
El otro dato fue difundido por Estados Unidos el 15 de septiembre pasado y constituyó en un documento prácticamente anual por medio del cual la Casa Blanca nombra a los países involucrados en la producción, tránsito y contrabando de drogas ilícitas y que constituye una información entregada oficialmente al congreso para la toma de decisiones legislativas en la materia. Y en ese documento Estados Unidos identificó a 23 países: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. De esos países, la Casa Blanca hizo hincapié en cuatro que implicarían ya objetivos estratégicos para los intereses nacionales estadounidenses y a donde se lanzará toda la fuerza americana para combatir la droga: Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela.
La administración del presidente Trump ha sido insistente de manera directa en señalar la preocupación por el flagelo de las drogas en función de que el consumo interno en EU que no se combate y sigue causando estragos en las cifras oficiales anuales de fallecidos por sobredosis. Pero a pesar de esa carga muy negativa de fallecidos por sobredosis, el Gobierno de Estados Unidos sigue sin establecer políticas claras y decisivas para combatir el consumo y casi toda la acción oficial se orienta atender el problema de salud en hospitales o a proporcionar de manera gratuita jeringas nuevas para evitar cuando menos las infecciones con el reciclaje de jeringas usadas.
En un intento de colocar las piezas del problema de la droga en su fase última de sobredosis, existen universos aislados que las autoridades americanas todavía no han atendido: el contrabando de estupefacientes que cruza las fronteras estratégicas de aire mar y tierra de Estados Unidos y que cuenta con la complicidad de autoridades locales, las mafias del narco que reciben la droga de contrabando y las distribuyen sin problemas en los 50 estados de la Unión americana, la venta al menudeo de la droga en las calles sin que las autoridades tengan capacidad para combatirla o cuando menos para dificultar su circulación y el lavado de dinero que fortalece simplemente al sistema financiero americano.
Frente a ese problema, las autoridades han respondido hasta hoy con la destrucción de cuatro lanchas presuntamente de narcos y operativos locales menores, nada de ello que tenga que ver con romper el círculo perverso de la droga por el lado del consumo.
Si (
No(
