Después de sufrir tres batacazos parlamentarios consecutivos (la oficina anticorrupción, la reducción de la jornada laboral y la delegación de competencias en inmigración a Cataluña) el Congreso, gracias a las abstenciones de Juns, Bng y ERC, ha votado a favor de reprobar y exigir la dimisión de Ana Redondo como ministra de Igualdad por su negligencia en la gestión de las pulseras antimaltrato. La soberanía popular, pues, ha dado la espalda definitivamente al llamado Gobierno progresista que, sin embargo, no quiere darse por enterado.
El Parlamento ya ha reprobado en esta legislatura a seis ministros: Fernando Grande-Marlaska (en dos ocasiones), Óscar Puente (en dos ocasiones), Félix Bolaños y José Manuel Albares. Pero todos siguen en sus cargos. El Congreso se ha convertido en un campo de minas para la llamada coalición progresista. Junts se ha desmarcado definitivamente y Podemos tortura a Sánchez con sus duros discursos y su rechazo sistemático a las propuestas que llegan de Moncloa. Y Sánchez ni está ni se le espera en el Hemiciclo. Huye despavorido para no asistir al velatorio de la legislatura, pero sigue empeñado en seguir adelante como si no fuera con él.
El desprecio de Sánchez al Parlamento resulta alarmante. Cuando en 2023 logró ser investido presidente, después de caer derrotado en las urnas, se escudó en que la soberanía popular había votado a favor de la formación del “Gobierno progresista”, pese a contar con el apoyo de Junts y el PNV, dos partidos de la derecha. Pero ahora ignora que esa misma soberanía popular se ha esfumado. Que ya no cuenta con el respaldo del Congreso. Que es incapaz siquiera de presentar los Presupuestos generales del Estado; y si lo hiciera sólo un milagro los salvaría.
Los antaño socios de Gobierno huyen de la peste monclovita, tan decepcionados como hartos de los continuos errores del Gobierno y de los casos de corrupción que cercan a Pedro Sánchez. Yolanda Díaz, la gran traidora, es incapaz siquiera de que su grupo vote con el PSOE: los diputados de IU y Compromís, al igual que Podemos, acaban de rechazar la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña por “racista”. Y Junts se ha cansado de esperar a que Puigdemont sea amnistiado de verdad para volver a España y de que el catalán sea oficial en la UE.
Pero Pedro Sánchez sigue dando lecciones de política internacional con su obsesión por el “genocidio” de Israel, mientras su mujer y su hermano se encuentran al borde del banquillo de los acusados. Reclama sin pudor el Premio Nobel de la Paz, mientras el Congreso de los Diputados libra una guerra sin cuartel. Y se empeña en culminar la legislatura, aterrado de salir escabechado en las urnas si convoca elecciones antes de aprobar la reforma de la Justicia para sustituir a los jueces que instruyen las causas de corrupción de su familia y su entorno político y, sobre todo, antes de llenar las urnas con el voto de los inmigrantes nacionalizados y de los tataranietos de los exiliados de la República en Iberoamérica. El presidente asume su incapacidad de gobernar, pero, sin embargo, sigue en La Moncloa, mientras da varias vueltas al mundo en el Falcon.