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Blindaje a la Constitución

martes 09 de diciembre de 2008, 21:46h
El pasado día 6 de diciembre se conmemoró el 30.º aniversario de la Constitución Española de 1978. Tras la de 1876 impulsada por Antonio Cánovas del Castillo para restaurar la Monarquía Borbón, la actual es la que ha estado vigente durante más tiempo, con una ventaja frente a aquélla, y es que ésta es democrática, es decir, el soberano es el pueblo español y no las Cortes con el rey sobre la base de un sistema parlamentario corrupto.

La falta de consenso -diría más bien la falta de ganas de llegar a un consenso- ha dejado la reforma constitucional en un segundo plano durante la presente legislatura. Incluso, de las palabras del presidente del Gobierno en el día de la conmemoración del aniversario se podría colegir que no se va a tomar ninguna iniciativa en este sentido, a pesar de que desde hace ya tiempo hay un informe bastante preciso del Consejo de Estado. Es verdad que la reforma no es imprescindible, aunque pueda ser conveniente, y es verdad que la reforma sólo puede emprenderse si hay un consenso claro entre, por lo menos, los dos grandes partidos del arco parlamentario, el PSOE y el PP. Y no parece que lo haya.

Estos días se han escuchado muchas voces sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución y en qué sentido debería abordarse la reforma: la sucesión hereditaria de la Monarquía, el Senado, la mención a la integración de España en la Unión Europea, el sistema electoral o más en concreto un ajuste proporcional del mismo, la recomposición del Título VIII en función de un Estado de las Autonomías ya consolidado, y la revisión de los mecanismos previstos para la propia reforma constitucional. No querría entrar aquí en un debate técnico -del máximo interés para los que nos apasiona el derecho político-, pero sí me gustaría expresar mi opinión contraria respecto a aquéllos que creen que ha llegado el momento de blindar la Constitución frente a las reivindicaciones constantes de los nacionalistas, para lo que habría que redefinir claramente las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Primero, me parece inviable cualquier marcha atrás en el sentido que UPyD y algunas voces dentro del PP plantean, por ejemplo, en el tema de que las competencias educativas retornasen al Estado. Puedo estar más o menos de acuerdo con esto, pero no creo que el planteamiento sea realista ni creo que contribuya a generar consensos. Lo importante es llegar a acuerdos para armonizar unos mínimos en el sistema educativo, que contribuyan a que los nacionalistas no utilicen la educación para hacer proselitismo, ni los grandes partidos utilicen las Comunidades Autónomas para hacer oposición en un tema tan sensible al Estado central. Segundo, frente a buena parte de la opinión publicada, creo que fue un acierto de la Constitución de 1978 -cuando todavía no se tenía claro cómo se iba a configurar el Estado autonómico- que se previera la posibilidad de que el Estado cediese competencias inicialmente previstas para él a las Comunidades Autónomas. Hay un inveterado recelo hacia éstas. La culpa la tiene el nacionalismo desintegrador, pero hay que ser conscientes de una evidencia y es que éstas son Estado y cada vez más importantes para la toma de decisiones y la ejecución de las mimas en cuestiones fundamentales que afectan a los ciudadanos. No es malo que en sociedades complejas y cambiantes como las actuales las competencias las ejerza quién mejor las pueda realizar. Así se ha previsto en la Unión Europea. Lo importante no es separar radicalmente las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas sino articular los mecanismos para la gestión más eficiente de las mismas, teniendo siempre en cuenta que la política es la gestión de los bienes comunes. Si no se pone en cuestión la soberanía, si se armoniza la gestión de las competencias para que no existan injustas diferencias en función de la Comunidad Autónoma en que uno viva, y si se garantizan unos mínimos de solidaridad, qué más da quién ejerce la competencia. A esto es a lo que algunos llaman federalismo, pero como ya he explicado en alguna ocasión anterior, el federalismo parte de la idea de soberanías separadas y no es cuestión de poner en juego la soberanía; vale con llamarlo autonomismo y conviene prestigiar la palabra.

Lo importante es que todos tiren del carro a la vez y hacia el mismo sitio. Las Comunidades Autónomas no son las destructoras del Estado ni el Estado el perro vigía que impide a las Comunidades Autónomas su libre desarrollo. Fijar objetivos comunes y encaminarse hacia ellos, para lo que es fundamental contar también con los entes locales y cederles competencias y medios para poder ejecutarlas. Ésta es la gran cuestión pendiente, la segunda fase de la descentralización, que hay que emprender sin miedos al cantonalismo por parte del Estado y sin miedos a perder su poder por parte de las Comunidades Autónomas.

Pienso que es el momento de replantearse desde los grandes partidos sus relaciones con el nacionalismo desintegrador y aventurero, el de los planes Ibarretxe y el que grita “mori” porque cree que siempre hay alguien que estorba sus fines y tiene que morir para que él pueda desarrollarse. Es el momento de decir basta a ese nacionalismo “anti”, que sólo sabe expresarse en oposición a otro y no se define positivamente. El “mori el Borbó” de Tardà recuerda mucho al grito con el que se proclamó la República en Cataluña: “¡Visca Macià, mori Cambó!”. Es un nacionalismo que no sabe ser sino es agresivamente contra alguien, pero no confundamos a este nacionalismo con el Estado de las Autonomías, que ha permitido un desarrollo social y económico como el que nunca se había dado en España y además mucho más repartido territorialmente que en otros momentos históricos.
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