Abundan informaciones sobre los planes de Sánchez y Marlaska para frenar las investigaciones de la UCO cuya última aportación son los sobres de pagos del partido a Ábalos. Se entiende que haya urgencia para sustituir a los actuales dirigentes de la Unidad con el fin de interferir en las
investigaciones. Una noticia reciente incluso desvela el nombre de Maria Dolores Durán, asesora del ministro como probable directora. También acaba de conocerse que la intervención del Estado ha expedido un informe que obra ante la fiscalía europea sobre el incumplimiento de condiciones legales en el procedimiento que se siguió para adjudicar al empresario Barrabés un contrato avalado por cartas de recomendación de Begoña Gómez. El socialismo está más que preocupado porque ni contaba con la pertinacia de las indagaciones, ni con que la propia intervención del Estado no fuera una longa manus del gobierno, como lo es el Fiscal General. Ahora intenta detener las investigaciones sustituyendo a unos directivos por otros.
El único antídoto disponible para frenar la epidemia que carcome las entrañas del ejecutivo es controlar, amedrentar y tapar. Es obvio que la táctica gubernamental para abordar las causas de corrupción, que en lugar de cesar, van floreciendo más cuanto más tiempo pasa, consiste en paralizar a los investigadores. La corrupción no solo merma la credibilidad de la gestión, sino que también puede sentar en el banquillo de los acusados, familia de Sánchez aparte, a algunos de sus miembros. Para detener la sangría, la solución animosa es sustituir en la cadena de mando a responsables independientes por irresponsables dependientes.
La abogada Guadalupe Sánchez narra recientemente la forma de linchamiento que padece para ridiculizar su función como abogada en procesos judiciales que salpican al Gobierno. El artículo que comento ahora es un anuncio a navegantes de que, hagan lo que hagan, está dispuesta, ante el acoso, a cumplir con las reglas deontológicas de su oficio antes que ceder a la presión de quienes la ridiculizan en tertulias encauzadas para desprestigiarla. La táctica que usan contra ella es similar a la utilizada contra el juez Peinado, contra el teniente coronel Balas y con tantos otros de una lista inacabable. El interés por sustituir la cúpula de la UCO, el informe de los interventores del Estado, las indignación de los fiscales por la actitud del Fiscal General, la persistencia de jueces en cumplir con las reglas de su función, entre los que el juez Peinado es un ejemplo entre muchos, son signos claros, como también lo es el artículo de Guadalupe, de que, por mucho que la presión aumente, no parece que los profesionales, se sustituya a quien se sustituya, estén dispuestos a la dejación de sus responsabilidades sean cuales sean las interferencias y el acoso que padezcan.
¿Cómo explicar a quien carece de escrúpulos que la mayoría de los servidores públicos y los profesionales independientes amantes de su profesión se resistan, a veces heroicamente, a no renunciar a los principios éticos que regulan su tarea? ¿Cómo explicar a los corruptos abanderados por Sánchez, a la mayoría de ministros y, entre ellos especialmente Marlaska, que la dignidad profesional de la mayoría de los funcionarios no está en venta y se sentirían avergonzados, ante sí mismos y ante sus compañeros, si aceptaran las recompensas que
distribuyen para compensar su claudicación? Los funcionarios saben que, si cedieran a la tentación, su dignidad quedaría malversada, la corrupción sería entonces su regla de actuación corporativa como ocurre en las dictaduras. De haber ocurrido que los jueces o los fiscales hubieran cedido a los empeños del ejecutivo, hace tiempo que la colaboración con la corrupción se hubiera convertido en norma de conducta profesional. La voluntad de los fiscales sería la mera proyección de la voluntad de un Fiscal General, apellidado García Ortiz.
El destape de la corrupción socialista avanza incontenible desde que Sánchez ocupó el poder. La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Añadía que nada hay peor para un ciudadano honrado, en especial si es un profesional, que saberse dirigido por un corrupto. Lo que está ocurriendo en España con la UCO, la prensa independiente, el ejército, los policías, los jueces, los fiscales, y ahora los interventores, es que, a pesar de las presiones gubernamentales, de las instrucciones de la fiscalía, de los recambios en la dirección de instituciones públicas, de las restricciones de publicidad al periodismo no adicto, los profesionales están dispuestos a mantener los valores éticos de su profesión, fuente de su dignidad ante sí mismos y ante la ciudadanía a la que se deben.
Un país dirigido por un gobierno de delincuentes no es un país de delincuentes, aunque la corrupción pueda llegar a invadir al partido principal del gabinete de arriba abajo. Frente al pesimismo con que a veces se afronta la agónica deriva de un gobierno que ya ha empeñado toda su credibilidad ante sus propios socios, sin que a ellos parezca importarle –porque cuanto más débil aparezca el principal más provecho sacarán los socios satelizados–, la situación es hoy más esperanzadora que ayer, aunque el ambiente resulte más agobiante. Queda mucho por sufrir durante la espera, porque los que soportan a este gobierno Frankenstein, saben bien por qué lo apoyaron y no dudarán en seguir respaldándolo mientras puedan apretar todavía más las clavijas que lo anquilosan. Lo que ese apretón de tuercas muestra ahora es que los socios fueron y son tan delincuentes o más que el gobierno que los asocia. Que la porquería aflore fuera de los alcantarillados y ninguno de los partícipes en la pocilga desista de no embarrarse en ella para participar en la campaña de limpieza que ha de emprenderse, es el estímulo que fortalece la resistencia al chantaje de que son objeto tantos profesionales, amantes de su profesión, celosos de su dignidad, que contribuyen con su ejemplo a limpiar al país de sus malos olores.
Si (
No(
