El constante e interminable cerco judicial aprieta hasta la asfixia a Pedro Sánchez. Un día después de que el juez Peinado acusara al presidente del Gobierno de ser “el vínculo imprescindible” en los tejemanejes presuntamente delictivos de Begoña Gómez, la UCO ha descubierto unas pistas que demostrarían la financiación ilegal del PSOE. Las investigaciones de la Guardia Civil han destapado la presunta caja B del partido por pagar sobresueldos en dinero negro a José Luis Ábalos, desde 2018 a 2020, cuando era ministro de Transportes, y a su inseparable asesor Koldo. Se trata de una estructura financiera oculta y paralela que no apareció en el listado de transferencias que el PSOE remitió al Tribunal Supremo.
El escándalo de la presunta financiación ilegal del PSOE implica directamente a Pedro Sánchez como líder del partido; más aún, después de que Santos Cerdán, su último secretario de Organización, esté encarcelado por presunta corrupción y José Luis Ábalos, el anterior, se encuentre imputado por el mismo delito.
La aparición de fotografías con sobres con el logo del PSOE llenos de billetes y el nombre de Ábalos escrito son la prueba del trasiego de dinero negro en Ferraz. Un dinero que llegaba a manos del entonces ministro de Transportes y de su asesor, cuando, según la investigación judicial, se embolsaban presuntamente suculentas comisiones por la licitación irregular de obras del Gobierno.
El escándalo de la posible financiación ilegal del PSOE debería tener consecuencia políticas inmediatas. De momento, callan tanto en Ferraz como en Moncloa. Pero Pedro Sánchez está obligado a dar explicaciones. Ya no puede acusar a la “fachosfera” ni a los jueces que hacen política. Pues se trata de una rigurosa investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada por el Tribunal Supremo.
No es casual que Pedro Sánchez aparezca en el centro de todas las tramas de corrupción que investigan los tribunales. Además de su mujer, están imputados Ábalos y Cerdán, sin olvidar a su fiscal general del Estado que en apenas un mes será juzgado por revelación de secretos, por mandar unos correos que se reenviaron por doquier desde Moncloa. No hay que descartar, pues, que el propio presidente se siente más pronto que tarde en el banquillo de los acusados. Porque no es ajeno a un solo caso de corrupción (de momento, presunta) del Gobierno o del partido.
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