El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la
Ley de Movilidad Sostenible, con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que
en el último momento han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes que ha permitido que el proyecto saliera adelante.
A cambio de la abstención de Podemos, el ministerio que dirige Óscar Puente se ha comprometido públicamente a que la ejecución material de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no empezará antes de 2031.
Según Podemos, esto supone que el Gobierno atiende su demanda de "aplazar" la ampliación del Prat y "recoge expresamente que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III", el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.
En cambio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que el acuerdo "no supone ninguna variación en los plazos previstos en el DORA III" y que el pacto con Podemos para lo que sirve es para "reforzar los requisitos medioambientales y que el plan director del aeropuerto cuente con todos los avales y requimientos que determina el paquete europeo 'Fitfor55' (que contempla una reducción de emisiones del 55 % para 2030).
En los pasillos del Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado el comunicado del ministerio una "noticia sin precedentes" y ha manifestado su satisfacción por "haber demostrado una vez más que pelear sirve".
En cuanto a la segunda de sus exigencias, parar la ampliación del puerto de Valencia, ha dicho que no lo han conseguido y por ello se han abstenido y no votado a favor.
La ampliación de El Prat, clave para Podemos
"Para que Podemos no tumbe hoy esta ley insuficiente e inútil, exigimos aquí y ahora un compromiso claro por escrito de que no habrá ampliación de El Prat, porque la bandera de la movilidad no puede ser solo una chapita que se pone en los días alternos, mientras seguimos alimentando un modelo de economía fósil que quema nuestro planeta", ha afirmado durante el debate, a pocas horas de la votación.
Los votos de Podemos se consideraban decisivos para que el proyecto no sea devuelto al Gobierno y una abstención de sus cuatro diputados bastaría para que saliera adelante, ya que el texto cuenta con el apoyo del resto del llamado bloque de investidura (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC), frente a los contrarios del PP, Vox y UPN.
En su intervención, el ponente de Sumar Alberto Ibáñez ha acusado a Podemos de estar haciendo "estrategia corta" y "campaña de la cutre" y ha defendido que este proyecto es fruto de un "gran acuerdo" entre diferentes grupos políticos, el movimiento ecologista, los sindicatos, el Consejo de la Juventud y diversas patronales.
Desde el PSOE, Ignacio López Cano ha dicho que la elección en esta votación, tanto del PP como de Podemos, es "estar con los nuevos derechos o estar con la extrema derecha", mientras que Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha lamentado que "no prioricen el interés de la ciudadanía al ombligo de sus partidos".
Para Bildu, el balance del texto es "agridulce" y el resultado final no está a la altura que requiere la situación de emergencia climática que se vive, ha señalado el diputado Mikel Otero.
Pese a sus reticencias, ha afirmado que esta ley puede ser vista como una "pieza fundacional" de una política de movilidad moderna, si su desarrollo reglamentario y el compromiso presupuestario posterior se hace con ambición.
Desde Junts, Isidre Gavin ha destacado su labor para mejorar el texto inicial, que se planteaba -han dicho- desde una "mentalidad centralista", para que fuera positivo para Cataluña.
El impulso del transporte ferroviario de Cercanías y el desbloqueo de infraestructuras estratégicas para esta comunidad son algunas de las aportaciones que ha destacado.
En la misma línea, la diputada de ERC Inés Granollers ha apuntado que la ley nació "mal" e "incompleta", pero gracias a los cambios introducidos en la ponencia se han salvaguardado las competencias de la Generalitat -una de sus líneas rojas- y se ha dado un paso "histórico" en las mercancías ferroviarias, entre otras cuestiones.
El representante del PP José Alberto Herrero ha justificado su rechazo en que se trata de una "ley puramente ideológica" y ha criticado especialmente que "demonice el vehículo privado" y que, a su juicio, deje a numerosos municipios sin parada de autobús en el nuevo mapa concesional, algo que niegan los socialistas.
Para Carina Mejías (Vox) esta ley es una "chapuza para imponer la ideología de la agenda 2030, que bajo el disfraz ecológico protege a los ecopijos y ecoburgueses y ahoga y perjudica a los trabajadores, recortando derechos y aumentando la burocracia".
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