Al presidente Ronald Reagan (1981-1989) se le acredita la caracterización de un presidente guerrerista, pero sus márgenes de maniobra fueron externos y se redujeron a estrategias presupuestales del sector militar que reventaron la crisis económico-social acumulada de la Unión Soviética. La propuesta de la “guerra de las galaxias” no pudo ser equiparada por Moscú y la crisis de liderazgos internos en las gerontocracia soviética abrió el camino para Gorbachov: el presupuesto militar reventó la viabilidad de la Unión Soviética y el imperio se desmoronó en corto plazo 1989-1991.
Más de 35 años después está emergiendo la figura de Donald Trump como un presidente también guerrerista, solo que esta vez sin tener al bloque soviético-chino enfrente sino para reconstruir el modelo autoritario militarista conocido como Estado pretoriano, un concepto que en modo de pretorianismo asume con claridad la Real Academia Española como “influencia política abusiva ejercida por algún grupo militar”.
Pero en los hechos, el presidente Trump ha ido más allá: no es solo la “influencia” de algún grupo militar, sino la caracterización de la estructura del Estado en términos de prácticas militares y sobre todo del uso de las diferentes formas del Ejército en actividades de contención de protestas o de aplicación del control social y político de la sociedad.
El aviso más importante de Estados Unidos como un Estado pretoriano lo dio la transformación oficial del Departamento de Defensa --el ministerio encargado del área militar-- en Departamento de Guerra como una forma de mandar el mensaje de que EE UU no tiene una estructura militar --la más grande del planeta-- para defenderse y defender su modelo social de vida, sino que convierte a ese aparato que controla todo el poderío militar-nuclear en un instrumento con capacidad para declararse en guerra contra quien sea e imponer así los que es la esencia de la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca: la american way of life o el modo de vida americano que se resume en el confort de su clase privilegiada nacional a costa de la exacción de recursos no solo de las mayorías americanas sino de otros países y en otros continentes.
La Casa Blanca ha tomado decisiones que tienen que ver con la caracterización de las ciencias sociales de Estado pretoriano, un concepto que fue analizado politológicamente por Samuel Huntington como el momento en el que las estructuras militares sustituyen los mecanismos sociales de mediación entre clases sociales y en momentos en que la estructura de poder de dominación del Estado requiere imponer las reglas estrictas del más fuerte.
Donald Trump acaba de obtener una fundamentación jurídica por parte del Departamento de Justicia --que opera, por cierto, como subdepartamento jurídico de Guerra-- para tener la facilidad de atacar a enemigos narcos --en modo de presuntos-- del modo de vida estadounidense, y el asunto es más claro porque se está refiriendo concretamente a los cárteles del narcotráfico que producen droga fuera de Estados Unidos y la contrabandean hacia el interior del territorio americano para distribuirla en los 50 estados y satisfacer el consumo de los millones de adictos estadounidenses.
Antes de esta fundamentación, Trump había asumido facultades extrajudiciales y extraterritoriales –como otros presidentes, entre ellos el constitucionalista Barack Obama-- para atacar con violencia letal a presuntas lanchas que presuntamente navegaban en aguas internacionales, ue presuntamente estaban controladas por narcotraficantes que presuntamente transportaban droga y que presuntamente estaban ya caracterizados como narcoterroristas y por lo tanto, también presuntamente, la Casa Blanca tenía facultades de matar a presuntos sospechosos.
La fundamentación jurídica del Departamento de Justicia no sería una novedad. El presidente George Bush Jr. había solicitado a su secretario de Defensa y éste al secretario de Justicia la fundamentación jurídica que le permitiría a Estados Unidos el uso de la tortura contra presuntos terroristas extranjeros que poseían información y que solamente por ese tipo de acciones de represión de derechos humanos podían obtener datos y nombres para salvar --nuevamente de manera presunta-- vidas de americanos en peligro por el terrorismo musulmán radical. El entonces secretario Rumsfeld se burló de las críticas por el uso de la tortura que permitía tener de pie a los presuntos terroristas hasta debilitarlos para que confesaran cómplices y su argumentación fue muy sencilla: “yo paso más tiempo de pie que ellos".
Con la fundamentación jurídica del Departamento de Justicia para atacar a narcotraficantes ya caracterizados de manera unilateral como terroristas, la Casa Blanca tendría teóricamente la facultad de mandar tropas militares y todos sus pertrechos a México y Venezuela y cualquier país para destruir de manera directa los nidos de los narcos, solo que hasta ahora ni Estados Unidos ni Trump han podido cambiar la doctrina de soberanía de las repúblicas o de los países que impiden que de manera unilateral y sin una declaración oficial de guerra avalada por el Capitolio ingresen militares a matar delincuentes de nacionalidad local.
Para completar la idea del Estado pretoriano de Donald Trump, la Casa Blanca sigue tomando decisiones unilaterales --atropellando inclusive a jueces locales y federales que emiten dictámenes en contra-- para movilizar tropas militares y la Guardia Nacional militarizada en actividades de seguridad pública en el tema concreto del arresto de migrantes ilegales y paulatinamente ha extendido las facultades de los militares en territorio estadounidense para combatir a la delincuencia que en EE UU cuenta con la protección judicial.
Este es el escenario institucional que vive Estados Unidos para comenzar ya a discutir en teoría y en la práctica la caracterización de EE UU como un Estado pretoriano militar con objetivos internos y no de defensa de enemigos externos.
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