El Congreso ha aprobado este miércoles la propuesta del PP de instar al Gobierno a
realizar una auditoría integral e independiente del sistema de pulseras de control de agresores por considerar que el caso se ha cerrado en falso y el Gobierno no ha facilitado “datos ni disculpas”.
Así lo ha argumentado la diputada del PP Marta González, quien defendió la propuesta y exigió la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "por negligencia, ineptitud, ocultación y por causar miedo" a las víctimas de maltrato que debía proteger.
La proposición no de Ley (PNL) ha salido adelante con los votos del PP y Junts, el voto en contra de Vox y la abstención de los demás grupos incluido el PSOE.
En la presentación de su iniciativa, el PP ha asegurado que su intención es que el caso de los fallos en el sistema “no se cierre en falso” ya que el Ministerio no ha facilitado “ni datos ni disculpas” y se ha limitado a intentar ocultar un problema que ha puesto en riesgo a las mujeres.
Así, la PNL insta al Gobierno a detallar la calidad y fiabilidad de las pulseras telemáticas y a realizar una auditoría técnica, operativa y judicial independiente del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento desde el cambio de proveedor en 2023.
En el debate, celebrado el martes, la mayoría de los grupos reprochó al PP que la iniciativa se debía no tanto a su preocupación por las víctimas como a un intento de obtener rédito político a costa del sufrimiento de las mujeres.
Así se lo han espetado las portavoces del PSOE, Sumar y Podemos, quienes han acusado a los populares de actuar de manera “vergonzosa” y de “buscar convertir el dolor de las víctimas en beneficio político”, en palabras de la diputada de Sumar Esther Gil.
En la defensa de su iniciativa, el PP ha asegurado que su intención es que el caso de los fallos en el sistema “no se cierre en falso” ya que el Ministerio no ha facilitado “ni datos ni disculpas” y se ha limitado a intentar ocultar un problema que ha puesto en riesgo a las mujeres.
Por ello, ha denunciado la “degradación ética” del Gobierno y ha exigido la dimisión de la ministra Ana Redondo “por negligencia, ineptitud, ocultación y por causar miedo” a las víctimas de maltrato que debía proteger.
La portavoz de Vox ha ido más allá y ha planteado que, si el objetivo es de verdad proteger a las mujeres, lo correcto sería suprimir el Ministerio de Igualdad y dedicar “los 575 millones de euros a programas que sirvan de verdad” para garantizar la seguridad de las víctimas.
También el diputado de UPN Alberto Catalán ha considerado que la ministra debe dimitir y que los españoles no merecen un gobierno que favorezca a los maltratadores, primero con la ley del “sí es sí” y ahora con las pulseras.
En nombre del BNGa, Néstor Rego ha coincidido en exigir responsabilidades políticas, pero ha subrayado que “las víctimas merecen respeto y protección, no utilización política”, mientras que el diputado del PNV Joseba Agirretxea ha criticado que este sea un problema “que el PP quiere magnificar y el PSOE reducir”.
Por contra, el diputado de Podemos Martín Velarde ha asegurado que “ninguna pulsera ha fallado y ninguna mujer ha estado desprotegida” y que la proposición del PP “sólo quiere sembrar miedo”, un argumento en el que ha coincidido con la diputada de Bildu Marije Fullaondo, para quien el PP ha presentado un relato “totalmente alarmista y sin un solo ato” con el objetivo de “crear alarma y más angustia a las víctimas”.
Tampoco la diputada de Sumar ha creído lo argumentos del PP a quienes ha acusado de “doble moral de manual” por pretender preocuparse por las mujeres cuando en Andalucía ha ejercido “una violencia institucional inaudita” con los cribados de cáncer de mama y el desmantelamiento de la Sanidad Pública.
“Antes de hablar sobre este tema, límpiese la boca”, le ha espetado a la diputada del PP Marta González, encargada de defender la proposición no de ley.
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