Al pueblo le conviene que el Gobierno y las instituciones actúen y se ajusten a una ética definida o a una moral social –el mínimo ético necesario (lord Devlin)- aunque principalmente deberá ejercer el poder respetando el ordenamiento jurídico. Desgraciadamente, no es el caso del Gobierno antiespañol, pues siempre ha particularizado la voluntad común y los comportamientos éticos. Su intención es trasgredir todo y perjudicar asazmente al cuerpo político que formalmente representa. En este sentido podemos considerar. 1. El Gobierno colectivista, que solo reconoce la normatividad jurídica cuando le conviene e ignora los principios jurídicos, intenta con bastante éxito rebajar las instituciones del Derecho a mero instrumento de su dominio o, en otro caso, a deslegitimarlas, a fin de imponer la justicia ideológica, la práctica más irracional de la justicia. Al pretender que el Derecho se trastroque en politización, presupone no sólo prohibir las libertades esenciales, sino transformar a los ciudadanos que no acepten la voluntad del tirano en enemigos (hostis), abandonados en una abstracción jurídica que les permitirá servirse de ellos e incluso eliminarlos si lo considera conveniente. 2. El Gobierno ha extendido el despotismo relativista mediante una sucesión inabarcable de dogmas absurdos, donde sustituye la razón y la lógica, por lo grotesco y lo esperpéntico. Lo consigue mediante unas simplonas fábulas urdidas por el Ejecutivo y los partidos que le apoyan, que al ser caprichos voluntaristas sólo tienen validez momentánea, pero que los adeptos lo perciben como realidades -–credulidad extrema-. 3. El Gobierno de extrema izquierda nunca establecerá pautas de comportamientos normativos, ya que su propósito es propiciar las conductas desquiciadas, muy adecuados para corroer las relaciones sociales. 4. El Gobierno social-comunista se ha puesto como objetivo la expoliación material y la enajenación absoluta del espíritu de los individuos, mediante unas desquiciadas reformas graduales para implantar el comunismo primitivo y ecológico –rectificando a K. Marx mostrándole en taparrabos-.
Con esta conducta se infiere que el Gobierno colectivista nunca hará un ejercicio político de integración social, por lo que no mantendrá un orden normativo estable. Su estrategia consiste en sustituir el ejercicio del poder basado en el respeto a las leyes, por la voluntad decisionista de estar por encima de la ley a partir de una superlegalidad, o incluso llegar a encarnar la ley, buscando siempre una actuación metajurídica incontrolable, sin necesidad de referirse a reglas o normas previas. Se comprende que el Gobierno haya estado violando el Estado de Derecho y desarrollando una solapada revolución permanente, que amenaza con ser cada vez más violenta. Ininterrumpidamente toma medidas terapéuticas al objeto de degradar todo lo posible a la sociedad y hacer crecer el caos.
Al convertirse en eje del Estado y haber abierto un proceso constituyente, el Gobierno controla casi todos los poderes, habiendo suspendido en no pocas ocasiones las libertades y los derechos de la ciudadanía, sin apenas tener contestación por casi todos los grupos políticos y menos aún por la población. Un ejemplo extremo de degradación y negocios lucrativos fue cuando el Ejecutivo mantuvo el estado de excepción, justificándolo por una falsa ilusión de seguridad sanitaria. En realidad, lo aprovechó para imponer una política despótica y aumentar la corrupión a costa de la salud pública.
Con propósito similar, el Gobierno utiliza el Decreto-Ley como un dictado de potestad legislativa de naturaleza tiránica. Por ejemplo, el Real Decreto sobre el primer estado de alarma (463/2020 de 14 de marzo) que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios contenidos clave y del segundo estado de alarma (Real Decreto 956/2020) declarado ilegal, no tuvo ninguna consecuencia ni para el Gobierno ni para los que le secundaban. Más bien aseguró que todas las instituciones del Estado dependieran aún más de los órganos del Gobierno y de los partidos que lo apoyaban. En la práctica, redujo la capacidad de autoridad judicial, como un paso más para convertirla en una institución del Ejecutivo y de los partidos dominantes.
Debido a su naturaleza totalitaria, el objetivo del PSOE ha sido rebajar al Estado a un epifenómeno del Partido, tratando de que todas las instituciones estatales se integren en su aparato y surjan de él, aunque su proyecto confederal –por odio a la Nación- le impedirá construir un nuevo Estado, un Leviatán totalitario. El PSOE casi siempre intenta crear otra realidad política ajena a la Constitución, o ponerse por encima de ella, por lo que sus acciones, aunque sean inconstitucionales, tienen pretensión de validez y vigencia –hasta que el líder (el conductor) cambie de opinión-. Para ello, su intención es asumir la titularidad del poder constituyente, suspendiendo la Constitución y adjudicarse sine die la gestión y dirección del Estado. Cuando el PSO(Ex) pretende acumular todos los poderes absorbiendo al Estado, lo que dignificaría su destrucción. En verdad, intenta establecer un oligopolio ideológico-político con los separatistas y destructores de la Nación, excluyendo a las restantes formaciones políticas. Por eso, para aparentar que existe un sistema democrático, permitirá que haya partidos subordinados –pluripartidismo de análoga ideología-.
Si (
No(
