El juez llama a declarar a nueve altos cargos de TV3 y Catalunya Ràdio por presuntos sobresueldos

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha citado a declarar a nueve altos cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), entre ellos los siete miembros del actual consejo de gobierno y dos directivos más, por los presuntos sobresueldos que el ente público —responsable de TV3 y Catalunya Ràdio— habría repartido entre 2015 y 2021. Los investigados deberán comparecer en primavera del próximo año por posibles delitos de malversación y prevaricación.

La investigación se abrió en mayo a raíz de una denuncia de Societat Civil Catalana (SCC), basada en un informe de la Sindicatura de Cuentas que detectó irregularidades en los sueldos de directivos de la CCMA y de la Fundació La Marató. Según ese documento, algunos responsables llegaron a cobrar entre el 88% y el 120% de complementos por objetivos, muy por encima del límite del 25% que marca la ley de presupuestos de la Generalidad. También se constató que cuatro directivos superaron el salario de un conseller y que se aplicaron trienios y jornadas laborales sin base legal.

Aunque las decisiones bajo sospecha corresponden al anterior equipo gestor, cesado en 2021, la jueza ha citado a los actuales responsables, que asumieron el cargo en 2022, para esclarecer los hechos y aportar la documentación requerida. La magistrada también ha solicitado a la Sindicatura el informe completo, con todos los anexos y papeles de trabajo, así como nóminas, contratos y resoluciones salariales del personal directivo.

Por su parte, PP y Vox han reclamado depurar responsabilidades. El diputado popular Hugo Manchón ha denunciado que “mientras muchos catalanes no llegan a fin de mes, en la CCMA llueven los billetes”, mientras que Mónica Lora (Vox) ha tildado el caso de “gravísimo”, acusando al ente de “vivir del dinero de todos los catalanes”.

Desde la CCMA defienden que las irregularidades señaladas fueron “errores formales” ya corregidos por el actual consejo y subrayan que el propio órgano fiscalizador no ha detectado “indicios ni responsabilidades penales ni contables”. En un comunicado, el ente público ha calificado la denuncia de “maniobra política para desacreditar a los medios públicos que trabajan por la lengua y la cultura catalanas” y ha asegurado que colaborará plenamente con la justicia.