El decano del Colegio de Abogados asegura que se vivió con "honda preocupación" la difusión de datos de González Amador

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Enrique Ribón, ha explicado que desde la abogacía se vivió con “honda preocupación” la difusión de una nota de prensa sobre la solicitud de un pacto por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

“Resultaba insólito y difícil de creer”, ha manifestado Ribón como testigo en el juicio al fiscal general del Estado, sobre la difusión de datos de carácter reservado, lo que produjo una “honda preocupación” y “alarma” entre la abogacía.

El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al fiscal general del Estado con una jornada en la que declaran cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Este martes comienza la segunda y última semana del juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en la supuesta filtración del citado correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía una conformidad penal en la que admitía un fraude a Hacienda.

La primera testifical es la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), institución que ejerce una de las acusaciones populares de este juicio y que solicita para el fiscal general cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.

Cuatro días después de la nota de prensa que la Fiscalía emitió el 14 de marzo de 2024 para aclarar lo ocurrido tras informaciones que atribuían la iniciativa de la conformidad al Ministerio Fiscal, Ribón anunció en una rueda de prensa que denunciaría la supuesta filtración de datos.

El ICAM consideró que la información que se ofrecía provocó una "ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados" y constituyó una "gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa".

Después están citadas la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz; y el fiscal delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo, quien seguramente sea preguntado sobre las dinámicas de actuación en la institución en torno al borrado de dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.