El fiscal general rechaza contestar a las acusaciones y niega haber filtrado el correo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado responder a las acusaciones personadas en su juicio, incluida la que ejerce el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien le ha reprochado sin rubor alguno, tener una actuación "desleal" no con él, sino con el tribunal.

En la penúltima jornada de su juicio por presunta revelación de secretos, pasadas las 16:10 horas, García Ortiz se ha quitado la toga con la que ha seguido la vista oral en estrados al lado de sus abogados y se ha sentado en la mesa frente al tribunal para tomar la palabra este miércoles en el Supremo, donde, como era previsible, ha negado todo de lo que se le acusa.

A preguntas del presidente del tribunal, ha explicado su decisión de no contestar a ninguna de las siete acusaciones personadas, que le piden entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación por presunta revelación de secretos.

La razón es que considera que, principalmente por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no ha habido "lealtad procesal en la búsqueda de la verdad", tanto en la interposición de su querella, donde no se incluyeron todos los datos existentes, como al enviar él mismo al jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid uno de los correos que se cruzó con el fiscal que le investigaba para que hiciese "un uso político del mismo".

García Ortiz está acusado de filtrar el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía en su nombre dos delitos contra a Hacienda en busca de un pacto que le fuese beneficioso.

El fiscal general, que se ha ratificado en la declaración en la que negó haber filtrado ninguna información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha explicado que en su querella, el empresario Alberto González Amador omitió "un dato fundamental": el correo en el que su abogado propuso un pacto al fiscal que le investigaba también se envió a otra institución.

Se refiere a que el letrado también se lo mandó a un abogado del Estado y que sin esta información la investigación se dirigió directamente hacia la Fiscalía.

Y tampoco ha visto lealtad procesal en la petición del abogado de González Amador de la responsabilidad civil que le reclama, casi como una "pena anticipada", renunciando a la responsabilidad subsidiaria del Estado porque, en su opinión, eso significa que "no le interesa" asegurar su resarcimiento, sino simplemente dirigirse contra él, "contra Álvaro García Ortiz".

Niega haber borrado su móvil para ocultar datos

García Ortiz también ha negado que tratase de ocultar nada con el borrado de su móvil, algo que -ha afirmado- hace de forma habitual y que es "preceptivo" dado el volumen de información sobre terceros que alberga y que, de serle sustraída, pondría "en peligro" a personas de este país.

"No hay ningún ánimo de ocultación", ha cicho en el Tribunal Supremo el fiscal general sobre uno de los aspectos que fueron tomados por el juez que le investigó como indicios en su contra: el borrado de su móvil y el cierre de su cuenta de correo electrónico.

En tono victimista, García Ortiz ha vuelto a recordar que todas las guías en materia de protección de datos aconsejan una "máxima": eliminar los datos personales que no son objeto de tratamiento. "Por eso tengo borrados automáticos. Tengo borrados de 24 horas, evidentemente con muchos chat, pero sistemáticamente repito, sistemáticamente, yo no hago o no permito que permanezca más de un mes en mi Whatsapp la información que pueda tener información profesional o relaciones profesionales, no lo permito", ha asegurado.

Porque, ha continuado, los datos que almacena en su terminal no son suyos, sino de terceras personas y abarcan multitud de procesos judiciales, secretos o no. Él solo los custodia y utiliza. García Ortiz ha subrayado por ello que ni en el mes anterior al 16 de octubre de 2024 -fecha en la que la UCO detectó el borrado de su móvil-, "ni el anterior, ni el anterior" existían ya los mensajes que "se supone que son objeto de esa causa", que se remite a marzo de ese año. "Eso que dicen que yo tengo y debería haber enseñado para exculparme", ha subrayado el fiscal, que ha recalcado que él proporcionó todas sus contraseñas a los agentes que registraron su despacho.

Los agentes de la UCO lo implican

Los agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes de la causa contra el fiscal general del Estado han destacado que "durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general" que es "evidente" porque "todo lo que se ha filtrado estaba en Fiscalía General del Estado".

En la penúltima sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz, estos agentes de la UCO han reconocido que no hallaron pruebas directas de la difusión del correo clave sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte del fiscal general dado que su móvil y su email habían sido borrados.

"El dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado, como es normal en una institución jerarquizada. Él da instrucciones, a través de la fiscal provincial", ha señalado uno de los agentes, si bien otro le ha interrumpido: "Y de Lastra", la fiscal superior de la Comunidad de Madrid.

El agente ha reiterado que "en el proceso se ve un dominio (de García Ortiz) por jerarquía" porque "lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va a hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general". Una afirmación que ha sido contestada por el fiscal: "Eso es una deducción suya enteramente libre".

Los agentes han apuntado a "un antecedente" en la filtración respecto a la noticia del 12 de marzo de 2024 sobre la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La información que se publicó, en su opinión, "se compadece con lo que tiene Fiscalía General, no la Fiscalía Superior", puesto que en los días anteriores lo había reclamado la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, en una dación de cuentas.

"Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un 'modus operandi' de recabar información" que luego, en su opinión, se traslada a lo ocurrido en la noche del 13 de marzo con la nota de prensa que pretende elaborar García Ortiz para aclarar que el pacto que buscaba el abogado de la pareja de Díaz Ayuso no partía de la Fiscalía. Al respecto, han explicado que "es el fiscal general, desde la Fiscalía General, quien dice y quien mueve esa nota de prensa y cuando se va a dar, y quien tiene la urgencia de darla".

"No se si Almudena Lastra o la fiscal provincial tienen conocimiento de en qué condiciones y cuándo. Yo creo que incluso le sorprende a la fiscal provincial el cuándo y cómo porque creo que ella piensa que va a salir a través de la Comunidad de Madrid", ha dicho uno de ellos. La nota salió con el membrete de la Fiscalía Provincial.

Móvil borrado

Ahora bien, los agentes, que han comparecido como peritos y testigos, han reconocido que no hallaron pruebas de la difusión del correo clave en el teléfono del fiscal general. "Nosotros al teléfono del fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado", han señalado.

Cuando procedieron al análisis de los dispositivos intervenidos en el registro, según han dicho, se percataron de que los mensajes habían sido borrados el 16 de octubre -cuando se abrió causa penal-, que el terminal telefónico no había sido devuelto -el fiscal general cambió el 23 de octubre de terminal- y que la copia del correo privado de Gmail -a donde la fiscal provincial de Madrid le envió los correos- había sido eliminada.

Respecto al borrado del Gmail -que el fiscal general justificó en mensajes amenazantes recibidos tras el informe de la UCO- han reconocido que no incluyeron cuándo se borró.

Con todo, han señalado que "el correo que acaba filtrándose está en poder del fiscal general a las 21:59 horas", si bien "seguramente se debe conocer que los correos existen para solicitarlos". No le llega el último correo, el que publica El Mundo, hasta las 23:47 horas.

El pantallazo de Lobato

Los agentes han subrayado que ellos ven "dos filtraciones". Por un lado, "el entrecomillado del correo" que publica la Ser y "luego ya, con otro propósito y por otro circuito, ya es todo el correo en sí", en referencia al envío por parte de la excargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera al entonces líder del PSOE-M, Juan Lobato, de un pantallazo con el correo clave.

Para ellos "es llamativo que Lobato desde el minuto uno que lo recibe se da cuenta de que un correo con esos datos personales, publicarlo sin que previamente esté en los medios, puede incurrir en una irregularidad".

Han explicado que Lobato preguntaba insistentemente por el origen del correo porque si no, dijo, parece que venía de la Fiscalía, pero Sánchez Acera le explicó que la tenían los medios. No obstante, los agentes han dicho que cuando ellos hablan, "en los medios ese correo no está" y que interpretan que Sánchez Acera tiene "dominio de la acción" como si supiera cuando iba a ser publicado.