Ayuso se planta ante el acoso de Moncloa para que señale a los médicos que se niegan a practicar abortos

La Comunidad de Madrid ha decidido no atender el requerimiento del Ministerio de Sanidad para poner en marcha un registro de médicos objetores de conciencia frente al aborto. El Ejecutivo regional trasladará la decisión final a los tribunales.

Tras intentar desviar la atención con asuntos como Gaza o Franco, el Gobierno de Pedro Sánchez, sumido en la parálisis parlamentaria y acuciado por la corrupción, ha establecido un nuevo frente de batalla en la Comunidad de Madrid, a cuenta del aborto.

Desde el entorno de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, remarcan que "preferimos que sea un tribunal quien indique lo que se debe hacer, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie", en referencia directa a la presión del Gobierno central.

La presidenta autonómica ya había fijado su postura en la Asamblea de Madrid hace poco más de un mes, cuando advirtió que en la región no habría un listado de objetores.
"No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia o libertad y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca", afirmó entonces.
En ese mismo debate, cargó contra la izquierda: "No se va a señalar a ningún médico en la Comunidad de Madrid… ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar".

Las asociaciones de profesionales contrarios al aborto habían manifestado su temor a que el registro pudiera usarse para “señalarlos”, preocupación que comparten altos cargos del Ejecutivo autonómico.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha reiterado este viernes la posición del Gobierno madrileño durante una visita al futuro Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes. La Comunidad actuará "con la Constitución en la mano" para proteger el derecho de objeción, ha señalado.

Matute ha insistido en que "no se va a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto", y recordó que en Madrid "defendemos que el aborto sea legal, seguro y poco frecuente".

La consejera añadió que, si finalmente un juez impone la creación de ese registro, el Gobierno regional responderá "para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido la capacidad de la Comunidad para gestionar sus competencias sanitarias.
Según él, "desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población".

El pulso entre ambas administraciones abre ahora la puerta a un conflicto judicial que podría determinar si el registro finalmente se impone o si Madrid mantiene su postura contraria a elaborar lo que Ayuso califica como una “lista negra”.

Tras enviar el requerimiento formal, el Ministerio de Sanidad dispone ahora de dos meses para iniciar un contencioso-administrativo si Madrid mantiene su postura.
La ministra Mónica García acusa al Gobierno autonómico de vulnerar derechos: según ella, “saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia”.

En redes sociales, García recordó el plazo límite: "Esta noche a las 00:00 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo".