Bolaños insinúa que existen motivos para desconfiar de la histórica sentencia del Supremo

Tras defender durante un año al fiscal general del Estado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado que la discrepancia con la sentencia condenatoria a Álvaro García Ortiz "no puede conllevar desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia", dando a entender que sí exiten motivos para desconfiar en este caso.

Con media familia del presidente del Gobierno y los dos últimos número dos del PSOE imputados en diversas causas, Bolaños ha expuesto que el Gobierno "tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente" que no lo comparte, a la vez que ha hecho ese llamamiento a que esa discrepancia no lleve a desconfiar de la justicia.

Así, ha trasladado su reconocimiento a la labor de García Ortiz como fiscal general del Estado "y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad", tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados.

"El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa", que sitúa a García Ortiz fuera del cargo que hasta ahora ha ostentado.

Por ello el ministro ha anunciado que en los próximo días el Gobierno pondrá en marcha el mecanismo legal para nombrar "a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado" y ha asegurado que se tratara de una persona "con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función".

Tras expresar su reconocimiento a García Ortiz y a la espera de conocer la sentencia, de la que hoy solo se ha hecho público el fallo y "de analizarla en detalle", Bolaños se ha querido dirigir "especialmente a aquellos que no comparten este fallo".

"La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial", ha destacado.

Ha mandado también un mensaje "a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz". "Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales", ha precisado.

De este modo, se ha referido a los profesionales que se han visto envueltos en distinto modo en este procedimiento, que finalmente ha resultado en la condena al fiscal general por revelar datos sobre la negociación del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía para alcanzar un pacto tras abrirle una investigación por delitos fiscales, pese a haberlo negado en el juicio algunos periodistas y miembros de la Fiscalía.

Profesionales, ha lamentado, a los que a lo largo de este proceso "ha habido quienes han intentado poner en duda su labor", y a este respecto ha trasladado el compromiso del Gobierno "a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado".