Desde que se producía el acuerdo que daría lugar a la Unión Europea -antes Comunidad Económica Europea- la idea del pacto presidía de manera integral la estrategia de sus fundadores. Se trataba de un acuerdo para superar las desastrosas consecuencias de una Guerra Mundial que, como ha sido sugerido tantas veces, no había sido nada más, ni nada menos, que una guerra civil entre europeos, la Segunda.
El pacto se establecía entre naciones y ciudadanos con estilos de vida diferentes, unos y otros, y entre ideologías y partidos que las representaban también distintos.
Componían de manera principal este grupo concordante los democristianos -calificados a sí mismos de populares-, socialdemócratas y liberales. El reciente auge de los populismos de las extremas derechas e izquierdas ha provocado la extensión del acuerdo por la integración europea a los partidos verdes, que por fortuna en los países del norte de Europa no han escuchado los cantos de rendición a las ideologías de la extrema izquierda de la misma manera en que lo han hecho entre nosotros y en otros ámbitos más cercanos.
Lo que sirve para Europa, sin embargo, no cabe ser aplicado a sus países miembros. O no a todos, porque las llamadas coaliciones transversales -las que vinculan a la función del gobierno a opciones ideológicas procedentes de la izquierda socialdemócrata y de la derecha democristiana- ya funcionan en algunos lugares, como ocurre con la más importante de sus naciones, Alemania. Pero también en otras, Bélgica, Estonia o Eslovaquia estarían entre éstas.
Pero para evitar ese tipo de coaliciones se menciona como argumento principal que su formación reduciría, hasta eliminarlo, el ámbito de la elección entre alternativas políticas diferentes con las que cuenta el electorado. Lo cual no deja de resultar algo peregrino, cuando observamos con frecuencia cotidiana que la barrera ideológica apenas tiene importancia en lo relativo a la reducción o elevación de impuestos, el protagonismo del sector público o privado (nacionalización o privatización de la economía), y nada en absoluto en cuanto a la moralización de la vida política, porque la cizaña de la corrupción se siembra en todos los predios.
Más allá de las similitudes entre la práctica habitual de los partidos, en el caso de España una grancoalición tendría, a mi parecer una mayor utilidad. De todos es conocido que el pacto constitucional logrado hace cerca de 50 años ha envejecido con desiguales resultados. La vida política se encuentra ahora mucho más crispada -polarizada- que entonces, los debates parlamentarios no constituyen más que el desparramado ejercicio de acusaciones y reproches, las comisiones de investigación parlamentarias sólo se utilizan para la descalificación del compareciente, la colonización de las instituciones y empresas públicas alcanza niveles desconocidos, la utilización de la abogacía del estado para el cumplimiento de fines particulares, la imputación -seguida de condena- de un alto cargo de la estructura judicial que se obstina en no dimitir ni el gobierno a cesarlo, la provocación a los jueces… y un marco general en el que los trenes se averían y no llegan a su hora, dejando a sus usuarios literalmente tirados en la nada; las inundaciones que no se prevén ni se anuncian, y matan a las gentes sin que nadie -Administración regional o nacional- les ponga coto; los incendios devoran los bosques y se plantan ante las poblaciones sin que sean sofocados; los servicios de salud generan colas y retrasos que pugnan con un ejercicio razonable de la sanidad y los empleados públicos no resuelven los problemas más nimios de los ciudadanos ni atienen las llamadas telefónicas.
Para que España funcione, o al menos vuelva a funcionar como lo hacía antes, para reforzar la independencia de las instituciones y los poderes del estado y para que la Constitución de 1978 no se convierta en un edificio vacío -vaciado- por dentro, convendría renovar el pacto constitucional desde un gran acuerdo o coalición entre los dos grandes partidos. Un acuerdo que establezca una hoja de ruta con los compromisos necesarios a reconducir lo que ha funcionado mal en estos casi 50 años de vigencia formal de la Carta Magna. Someter a revisión el estado de las autonomías y la coordinación de las mismas y con el estado en una interpretación federal, replantear la ley electoral para que los españoles que no quieren serlo y constituyen minoría no establezcan la agenda gubernamental, asegurar la sostenibilidad de las pensiones añadiendo a su diseño la capitalización de las mismas, desarrollar un programa ambicioso -y urgente- de construcción de vivienda pública y liberalización del suelo, luchar contra la violencia de género sin la permanente estigmatización del hombre, afrontar un gran pacto por la inmigración que acoja su integración y dificulte la picaresca. Y tomar medidas que eviten la desafección de los jóvenes, que las últimas encuestas muestran cada vez más desafectos al sistema y proclives a atender los llamamientos de los extremos.
Hay muchos asuntos que volver a pactar. Entre ellos, la función del Rey en la configuración de los gobiernos, toda vez que quedaron atrás las mayorías parlamentarias, y más allá de la prelación del varón sobre la mujer en la sucesión a la jefatura del estado… pero lo más importante de todo, lo que valdría más allá de los acuerdos concretos, porque los propiciaría todos -o casi todos- lo sería la recuperación del espíritu de acuerdo entre los rivales enfrentados y peleados ahora.
Una posibilidad que se antoja inviable en los momentos que corren, y que sólo cuando cambien los actuales actores políticos, o comparezcan algunos más centrados en el juego político, sería factible.
Porque ya se sabe, el arte de la política consiste en hacer posible lo que es necesario.
Si (
No(
