Una delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) que visitó España entre el 12 y el 14 de noviembre ha manifestado su “preocupación” por los ataques dirigidos desde el Gobierno de Pedro Sánchez contra instituciones jurídicas clave como el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque la misión estaba prevista como ordinaria, las diputadas responsables, Elvira Kovács —democristiana serbia— y Valentina Grippo —socialista italiana—, han adelantado parte de sus conclusiones en un contexto marcado por la polémica campaña contra el Supremo tras la condena al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La delegación europea subraya el “riesgo de que, incluso en una democracia plenamente consolidada como España, un debate público saludable pueda ser secuestrado por narrativas que socaven la confianza en instituciones clave”. En su comunicado, advierten de que el Tribunal Supremo y el CGPJ se encuentran en un momento especialmente sensible, en un entorno europeo en el que “la resiliencia democrática es la principal salvaguarda frente a las múltiples amenazas” actuales.
Las observaciones llegan apenas unas horas después de las críticas del presidente Pedro Sánchez al Supremo, tras la sentencia que condenó a García Ortiz. Desde la judicatura, la asociación mayoritaria de jueces ha reprochado al jefe del Ejecutivo su “quebranto” al Tribunal Supremo por esas declaraciones.
Kovács y Grippo recalcan que “el respeto a las decisiones judiciales es un principio fundamental en cualquier democracia” y recuerdan que la polarización política no debe erosionar “el Estado de derecho, la separación de poderes y una cultura de diálogo institucional constructivo”.
De cara al informe completo que presentarán a comienzos de 2026, las diputadas avanzan varias recomendaciones. Entre ellas, abordan la necesidad de encarar los debates sobre reformas judiciales y el funcionamiento del CGPJ conforme a las recientes propuestas de la Comisión de Venecia. También insisten en garantizar la independencia del fiscal general y del Ministerio Fiscal, así como en acelerar la aplicación de las recomendaciones pendientes del GRECO para prevenir la corrupción entre parlamentarios, jueces, fiscales, altos cargos del Ejecutivo y cuerpos de seguridad.
El informe definitivo de la APCE, según anunciaron, evaluará de forma más amplia el estado de la democracia y del Estado de derecho en España en un momento de máxima tensión institucional.
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