El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) ha expresado este martes su “profunda preocupación” por la aprobación, en Consejo de Ministros, del Real Decreto-ley que modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para ceder a la Generalidad de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y de los procesos de selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Estos funcionarios —secretarios, interventores y tesoreros municipales— ejercen funciones “reservadas y esenciales” en todas las entidades locales, encargándose de asegurar la legalidad de los actos administrativos, la transparencia, el control económico-financiero y la estabilidad presupuestaria. COSITAL advierte de que la medida “pone en riesgo la unidad de la Escala”, al permitir que una comunidad autónoma asuma competencias exclusivas en la convocatoria y provisión de estas plazas, lo que “fragmenta” un cuerpo que históricamente ha mantenido criterios uniformes de selección y formación en todo el país.
El Consejo recuerda que entre 2007 y 2013, cuando varias comunidades autónomas gestionaron estos procesos, la cobertura de puestos fue “insuficiente”: se convocaron 956 plazas frente a las 4.197 que el Estado ofertó entre 2014 y 2022. A su juicio, esta experiencia demuestra que la descentralización “no ha cumplido las expectativas” y que la convocatoria estatal conjunta ha resultado más eficaz, al garantizar programas y criterios homogéneos, así como la neutralidad y transparencia del sistema.
Según COSITAL, la reforma aprobada no mejorará ni la dotación de plazas ni la preparación técnica de los habilitados nacionales. Por el contrario, podría “debilitar la independencia” de los funcionarios y comprometer la correcta fiscalización económico-financiera de los municipios, incluida la gestión de fondos europeos como los Next Generation EU.
En este escenario, el Consejo General reitera su rechazo a las enmiendas que avalan la “fragmentación de la Escala” y pide apoyo parlamentario para mantener el carácter estatal de la habilitación, que considera esencial para asegurar la calidad, la eficacia y la transparencia de las funciones reservadas.
COSITAL afirma que seguirá colaborando con las administraciones y los grupos parlamentarios para explicar su posición técnica y garantizar el buen funcionamiento de las entidades locales, y se reserva la posibilidad de adoptar las movilizaciones que considere necesarias en defensa de los intereses del colectivo.
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