De nuevo se discute si conviene arriesgar al PP a una moción de censura. Se arguye que Felipe González la presentó sabiendo que la perdería. Torpe equiparación, ya que entonces no existía un muro que separara a dos bandos, ni se ponía en riesgo la unidad constitucional de España. Ese riesgo es actual. Lo preocupante es la colaboración de una tendencia editorial más ocupada en informar sobre Mazón y Villaplana que del ingreso en prisión de Ábalos, Cerdán y Koldo. Actitud mantenida por la RTVE pública, secundada por El País, la SER, La Vanguardia y otros medios. El ambiente de moderación institucional que llevó a una victoria socialista con voto prestado de la derecha tras el desmoronamiento de UCD ha sido sustituido por el servilismo a un gobierno desesperado, sostenido por socios que se nutren de su debilidad y una prensa rastrera presta a disfrazar el muro como una respuesta al avance de la ultraderecha.
Sin indicios de que, entre quienes respaldan ese contubernio, alguno esté dispuesto a limpiar el fango en una cita electoral, no tiene sentido una moción convertida en salvavidas del gobierno y en instrumento de desgaste para el opositor, en el turbulento océano donde se presenta la delincuencia de un exfiscal del Estado como lawfare del Supremo contra un supuesto mártir que “sirve a la verdad”.
Es difícil en España proponer moderación cuando se la identifica con la tibieza de la “derechita cobarde”. Basta examinar dos solventes declaraciones de estos días, la de Vidal-Quadras y la de Aznar, para decidir sobre la moción. Alejo rechaza el estilo de oposición de Feijóo, porque —argumenta— no es tiempo de moderados, sino de contraatacar con las armas que utiliza el gobierno para acallar a la oposición. Ante esta actitud, sostiene, solo cabe un plante tan frontal como frontal es el empeño gubernamental en levantar un muro divisorio entre españoles.
Frente al talión del gallardo Alejo, el “cobarde” Aznar —basta recordar el atentado que sufrió de ETA para medir su supuesta cobardía— sostiene que la democracia no puede responder al muro con otro muro. No sé qué piensa Alejo hoy del Vox que concibió como alternativa liberal y españolista al Partido Popular carcomido por la corrupción, cuando ya han sido defenestrados todos sus creadores democráticos y liberales. Si Aznar entregó en bandeja su cabeza a Pujol para elevarlo a vicepresidente europeo, Abascal le arrebató el proyecto político que ideó. Medir quién ha sido más impío no es ahora cuestión. La diferencia está en los principios que mueven la estrategia. Aznar sostiene que no le gustaría vivir en una España con un muro que nos devuelva al ambiente guerracivilista de 1934 utilizando la misma moneda con la que se financia el actual muro. Frente al sanchismo, no vale el voxismo; vale la Monarquía Parlamentaria, que modera las instituciones para que cohabiten todos, no para enfrentar a una mitad contra otra.
La moderación es un valor devaluado, especialmente entre una juventud que ignora lo que significa la Monarquía y no sabe apreciar que sustituir una dictadura comunista por una dictadura putinesca —por avalada que esté por la Iglesia ortodoxa— no es una forma de convivencia pacífica, sino de tiranía sostenida con dosis de polonio. La democracia es una cosa, y otra muy distinta perpetuar muros que separan para enfrentar.
Al denigrar la moderación se denigra el espíritu constitucional. El Rey reina y no gobierna, pero modera los poderes del Estado según el artículo 56. Es neutral, pero no neutralizable. Su arbitraje consiste en permitir que los poderes que ejercen una función activa —el Parlamento, la Justicia, la UCO, la prensa que no se presta al encubrimiento y tantos acosados por el sistema urdido por la autodefensa gubernamental, pero no destruidos por ella— continúen ejerciendo su labor en instituciones incluso sospechosas de parcialidad, como la Fiscalía del Estado, el CGPJ hasta hace poco, el Tribunal de Cuentas, el INE, el CIS de Tezanos y los que se puedan añadir.
No confiar en la imparcialidad de ese arbitraje devalúa el poder moderador de la Corona, a la que no se debe exigir un paso que pudiera interpretarse como partidista. Ninguna circunstancia invita a desvirtuar la función moderadora instándola a saltar por encima de su propia naturaleza. Frente al muro que propaga una estrategia de enfrentamiento para dividir a la sociedad española, lo más reconfortante es confiar en la actitud imparcial de Felipe VI.
El arbitraje del Rey no está neutralizado: puede intervenir cuando sea necesario activar su función. No puede ejercerla tomando partido en la disputa entre partidos. Solo se activaría ante una situación de insurrección manifiesta, no latente, sino patente. En la política partidista ha germinado hace tiempo un potencial insurrecto que queda al albur de interpretaciones. En España solo ha habido dos insurrecciones, y en ambas el Rey salió al paso para ejercer su función: en el 23F de 1981, cuando la situación lo obligó a aferrarse a la Constitución ante la rebelión; y el 10 de octubre de 2017, ante la sedición tras la declaración de independencia por Puigdemont. La Monarquía ejerció su competencia moderadora y de ella hizo fortaleza.
Cierto es que, si el propio gobierno pone en tela de juicio al Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional se prestara a amparar su descrédito, el potencial insurreccional sería evidente. Mientras no ocurra —y no es probable que ocurra—, el Rey mantendrá su neutralidad sin tomar partido. Lo haría si los indicios pasaran a ser expresos, cosa que está por ver. La democracia puede defenderse mientras las instituciones judiciales y la prensa independientes cumplan con su función.
Lo inquietante es la polarización en torno al muro. Los extremismos enfrentan; no moderan. Sorprende que la probada sagacidad de Vidal-Quadras apele a la confrontación entre extremos y devalúe la función moderadora de la Monarquía, cuyo fin es la concordia. El Rey cuenta constitucionalmente con su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas para preservar la moderación: también neutrales, pero no siervas de ningún muro. Una moción de censura que fracasara alentaría los extremismos —lo que busca Vox— y dificultaría la labor moderadora del Rey.
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