Último pleno del año en el Congreso de los Diputados, donde se debatirán y votarán asuntos importantes como la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos, y los decretos para la subida salarial de los funcionarios y de medidas para cumplir compromisos pendientes con Junts. El pleno será además escenario de una nueva sesión de control al Ejecutivo, con preguntas de PP, Vox y ERC al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su balance del año, la credibilidad que atesora su gabinete y sus preocupaciones. También preguntarán a ministros del Gobierno sobre sus planes para el año que viene, sobre la crisis por la peste porcina, el precio de la vivienda o los casos de corrupción actualmente en investigación. El de esta semana será además el primer pleno que se celebra con el exministro y diputado José Luis Ábalos en prisión. La Cámara está a la espera de que sea firme el auto de su ingreso en la cárcel para retirarle, en virtud del artículo 21 del reglamento del Congreso, sus atribuciones parlamentarias. En el orden del día del miércoles está también la comparecencia del titular de Exteriores, José Manuel Albares. Pero el punto fuerte de la semana será el jueves, con un intenso pleno, donde el Gobierno se juega varias leyes y acuerdos de relevancia.
El Congreso debatirá este jueves por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, que todo apunta a que volverá a ser rechazada, una votación que pondrá fin a los trámites previos a los presupuestos y dejará vía libre al Gobierno para presentar las cuentas de 2026. La senda de estabilidad, que contiene los objetivos de déficit y deuda para el sector público y sus diferentes administraciones, es un requisito previo a la elaboración de los presupuestos, que tienen que adaptarse a esos límites para garantizar que cumplen con las metas fiscales pactadas con Bruselas. El Gobierno ya aprobó una senda de estabilidad a mediados de noviembre, pero fue rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que criticaron que conducía a un aumento del gasto y, en el caso de la formación independentista, que fijaba un reparto del déficit injusto para comunidades autónomas y ayuntamientos.
La pasada semana, en cumplimiento de la ley de estabilidad, el Gobierno volvió a aprobar la senda -con las mismas cifras que la primera- y previsiblemente volverá a ser rechazada, ya que Junts mantiene su ruptura con el Gobierno pese a los intentos de acercamiento del Ejecutivo. En caso de que se produzca ese rechazo, entrarán en vigor los objetivos incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el pasado año, que son los mismos a nivel global pero con un reparto distinto, más estricto para las comunidades autónomas. En concreto, la senda propuesta permite a las comunidades autónomas un déficit del 0,1 % del PIB cada año, pero si decae tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario, por lo que perderán un margen de gasto de 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028 que podría aprovechar la administración central. En cualquier caso, con esta votación, sea cual sea el resultado, se cierran los trámites previos a las cuentas y el Gobierno estará en condiciones de presentar el proyecto de presupuestos para 2026, que acumula ya meses de retraso. El límite de gasto no financiero o techo de gasto para estas cuentas es el aprobado por el Gobierno en noviembre -216.177 millones (incluidos 4.151 millones de fondos europeos), un 8,5 % más-, ya que no se vota en las Cortes, solo se informa.
Complacer a Puigdemont
Junto a todo ello, y para dar cumplimiento a los compromisos con Junts, el Gobierno aprobó la pasada semana un decreto que posibilita a los ayuntamientos hacer uso del superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles y que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas. Este decreto será debatido y votado el jueves y en él se incluye también una reforma legal para que Cataluña vuelva a gestionar la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional. Todo ello en plena campaña electoral para las elecciones en Extremadura que se celebran el próximo 21 de diciembre, la cual movilizará a los líderes nacionales de las formaciones políticas, y en plena crisis en el PSOE por el llamado "caso Salazar". En el largo orden del día del último pleno del año también destaca la aprobación definitiva de la Ley de Atención a la Clientela tras su paso por el Senado y una reforma de la Ley de Dependencia.
En el Senado, donde no habrá sesión plenaria esta semana, serán las comisiones de investigación el centro de atención. El martes contestará el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en la decimoctava y más esperada comparecencia de la comisión creada para indagar sobre la gestión que él realiza desde que lo dirige en 2018.
En la comisión del caso Koldo responderán el miércoles el exvicerrector de la Complutense madrileña Juan Carlos Doadrio y el jueves el empresario Juan Carlos Barrabés, en la que el PP ha llamado "semana temática sobre Begoña Gómez". Además, comparecerá el presidente de la Federación de Fútbol, Rafael Louzán, también el jueves, para hacer balance de su gestión ante la comisión encargada de deportes y varias comisiones más contarán también con exposiciones de expertos o celebrarán debates entre senadores. Destaca asimismo el estreno esta semana de dos nuevas comisiones, creadas con la última reforma reglamentaria, una para potenciar el municipalismo y otra de vigilancia de la contratación pública para prevenir la corrupción.
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