El Gobierno pretende alojar al medio centenar de inmigrantes ilegales, supuestamente menores, que actualmente están a cargo de la Comunidad de Madrid, en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón, pese a que dichas instalaciones cerrarán en menos de un mes.
El Tribunal Supremo ha requerido este jueves al Gobierno para que, en el plazo improrrogable de 30 días, se haga cargo de los menas, en línea con la decisión que adoptó para Canarias a principios de este año.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han señalado este jueves que el escrito del alto tribunal está en manos de Abogacía del Estado para dar una respuesta. Pero han recalcado que van a proceder, igual que lo han hecho con los menores de Canarias, "atendiendo en todo momento al interés superior del menor", y para ello se van a poner a disposición sus plazas de protección internacional en el Creade de Pozuelo.
Una decisión difícil de comprender, puesto que el Ayuntamiento de esta localidad madrileña, gobernado por el PP, ordenó cerrar este centro el pasado 31 de julio, dando un plazo de cuatro meses al Gobierno -esto es, hasta el próximo 17 de enero-; tras denunciar que se llegó a multiplicar por siete su capacidad de alojamiento: pese a que la licencia sólo permitía 150 estancias breves para cursos de formación, en esos momentos ya había más de 400 personas internadas y el Gobierno pretendía alcanzar las 560.
Además, y pese a que el consistorio notificó al Ejecutivo central que el centro carecía de la licencia correspondiente, éste ignoró la posibilidad de iniciar los trámites para solicitar una nueva y adecuada licencia, para lo cual tuvo de plazo hasta finales de agosto.
Este recurso comenzó a acoger a refugiados en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania y actualmente atiende a 125 personas, todas mujeres refugiadas ucranianas, afganas y latinas solas o con sus hijos.
Carta del Ayuntamiento
Este mismo jueves el Ayuntamiento de Pozuelo ha enviado una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En ella la alcaldesa, Paloma Tejero, recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez que se le dio un margen suficiente de cuatro meses para cumplir esa orden definitiva de cierre, contra la que el ministerio no presentó ninguna alegación administrativa ni consta que lo haya hecho en los tribunales.
En este sentido, el plazo para el recurso judicial venció el 17 de noviembre y desde el Consistorio aseguran no haberles llegado "absolutamente nada” después de más de un mes, lo cual, según han detallado, “sería insólito en caso de que efectivamente se hubiera presentado dicho recurso, como asegura ahora el Gobierno central, aunque sin explicar cuándo ni dónde”.
Por todo ello, la regidora insiste en dicho escrito en que el ministerio de Saiz debe "desalojar este centro ilegal de inmigrantes en menos de un mes", el próximo 17 de enero, y devolver esas instalaciones de la TGSS al único uso para el que sí tienen licencia, que es el mencionado hospedaje de funcionarios, no de inmigrantes.
Además, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha avanzado que, si llegada la fecha el Gobierno persiste en mantener abierto este centro de inmigrantes sin licencia, será el propio consistorio el que acuda a los tribunales e, incluso, iniciará un procedimiento sancionador en la vía administrativa que contempla multas de hasta 3 millones de euros.
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