El PNV califica de "parche sobre parche" el último decreto de Sánchez sobre vivienda

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar con el 100 % del IRPF a los caseros que no suban el precio del alquiler no sólo ha recibido el rechazo de los partidos de izquierdas, sino que también lo ha criticado el PNV, que lo ha considerado un "parche" y ha pedido una propuesta "integral".

Aunque ese tipo de medidas fiscales no afectan al País Vasco, fuentes del PNV han dicho a EFE que "la crisis de la vivienda no se puede abordar así, una vez más con parche sobre parche" y que "la propuesta debe ser integral".

El grupo vasco también rechaza que "una situación que es ya estructural se aborde con las mismas medidas que se adoptaron para las situaciones coyunturales derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania".

Tras recordar que, además, las medidas propuestas ya se están debatiendo en la ponencia del Congreso sobre la proposición de ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, desde el PNV señalan que ahora el Ejecutivo "parece querer contentar a los pequeños propietarios a los que ignoró en el decreto del escudo social aprobado en diciembre".

En la negociación de ese decreto, que prorrogó un año los desahucios de familias vulnerables por impago de alquiler, el PNV pidió al Gobierno que protegiera también a los pequeños propietarios con una sola vivienda arrendada, exonerándoles de las medidas antidesahucio.

Para el grupo vasco, el debate no es estar con los inquilinos o con los propietarios, sino "garantizar el acceso y, a falta de un parque público suficiente, la vivienda en alquiler es la que los pequeños propietarios ponen en el mercado".

Sumar se abre a las negociaciones

Parte del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso se ha mostrado este martes a favor de negociar con el PSOE los incentivos fiscales para contener los precios del alquiler que anunció ayer el presidente del Gobierno, si son bonificaciones "progresivas" e incluyen también "penalizaciones".

En su nombre, el portavoz de los comunes, Gerardo Pisarello, ha recordado que, tal y como está planteada la propuesta, la mayoría de izquierdas no la apoyará, pero se ha mostrado convencido de que hay margen para la negociación.

A su juicio, el PSOE debe "rectificar" y "corregirla", ya que, tal y como la anunció Sánchez, es un "regalo a los rentistas".

Pisarello, que ha reconocido que su grupo parlamentario no ha discutido todavía este asunto, ha abogado por escapar de una posición "dogmática" y ha dicho estar de acuerdo con el fundador del sindicato de Inquilinos de Cataluña Jaime Palomera en que "algunas bonificaciones tienen sentido si van a propietarios concretos y si hay penalizaciones también".

En su opinión, es "inaceptable no castigar fiscalmente a quien incumple", por lo que ha dicho que espera que el Ministerio de Vivienda "corrija" el anuncio de Sánchez y "modifique su enfoque en materia de bonificaciones".

Un día después del anuncio de Sánchez, la opinión más extendida en el Congreso es que se debió a un "error de cálculo" de la reacción que obtendría y que el decreto-ley "no saldrá", al menos en esos términos.

Los más duros en su crítica han sido el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez (Compromís), para quien el anuncio del presidente fue un "insulto", y la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha calculado que la bonificación de la que habló el presidente costaría 3.700 millones de euros a las arcas públicas. Belarra, que ha calificado de "apocalíptica" la situación de la vivienda en España, ha considerado "inaceptable financiar la rentabilidad de los caseros con ingresos públicos".