El Derecho Internacional Público sigue estando sometido a la política internacional. Aunque sea un valor fundamental en el Derecho de Gentes que los Estados se reconozcan entre sí, no existe una comunidad internacional, ni la ley internacional proviene de un mandato del Estado. Tampoco hay un estado mundial que tenga fuerza para imponer la ley. El pacifismo progresista, que oscila entre el relativismo y el dogmatismo, sostiene que existe un delito cuando un Estado recurre a la violencia –como si hubiera una reglamentación de la violencia- debiendo ser sancionado por violar la paz. Ahora bien, ¿quién tiene la potestad de imponer sanciones después de la condena “justa” de un tribunal internacional? ¿Dónde reside su fuerza? El empleo de la violencia por los Estados difícilmente se puede considerar un delito, dado que es un recurso legítimo de los actores internacionales. El gobernante de cada país decide sobre la causa justa. En el sistema internacional, los Estados no están sujetos a los procedimientos legales como en cada ordenamiento interno –el Estado se limita a la esfera intraestatal (M. Hauriou)-, sino a los acuerdos, a los tratados y a las imposiciones que, en cualquier caso, se mantendrán por la fuerza. En la política internacional el conflicto suele estar por encima del Derecho. Aunque el sistema interestatal haya sido puesto en cuestión y algunos especialistas creen que está superado por sus rigideces, las unidades nacionales, salvo, y relativamente, en la cada vez más sovietizada U. Europea, siguen siendo las instituciones competentes para interpretar los hechos y las normas jurídicas, así como para juzgar sobre las acciones y omisiones de los otros Estados. Las unidades nacionales son personas morales que están en el sistema internacional en igualdad de derechos –un sistema que es propiamente injusto, uno de cuyos principios es la relación paz y guerra-.
El progresismo en cuanto no le conviene pasa por alto la politización del Derecho Internacional. Defienden que en el interior de los Estados todo se convierta en política y, en cambio, en las relaciones interestatales, al objeto de instalar el universalismo global, abogan por que deberán estar sometidas al Derecho (politizado). En realidad, prefieren invertir el sentido de la norma tradicional: lo máximo posible de política (ideológica) y lo menos posible de comercio.
Bajo la misma visión progresista, la gran mayoría del intelectualismo ha juzgado la captura de Maduro con el habitual cinismo moral. Es dudoso que estén preocupados por la libertad y la justicia del pueblo venezolano. El progresismo de todas las tendencias que simpatizaba con el Partido Demócrata y apoyó a la candidata Kamala Harris en las elecciones para la Presidencia de Estados Unidos, por muy bien que gobierne Donald Trump, no cambiará su opinión. Siempre rechazarán que el Presidente haya realizado una operación contra un protegido del progresismo, el tirano venezolano, sin necesidad de recurrir al tiranicidio. A pesar de que el régimen comunista es considerado por Estados Unidos como enemigo injusto –iustus hostis-, y justifican su intervención, el progresismo lo reprueba con la correspondiente faramalla argumental. Condenar el apresamiento de Maduro forma parte del teatrillo con que actúa la falsa sensibilidad altruista. Los venezolanos que han desaparecido, los asesinados, perseguidos, torturados y los millones de exiliados, carecen de la menor importancia para el humanitarismo progresista. Le preocupa más que sea Estados Unidos se lleve más petróleo que China, que el sistema político viole los derechos fundamentales de los venezolanos. También el liberalismo progresista siempre preferirá la expansión del comunismo que defender la política del Presidente Norteamericano. No soportan que Trump lleve a efecto una política anticomunista e intervenga en Venezuela, y, peor todavía, que lo haya hecho con gran eficacia. No obstante, su máxima preocupación es la repercusión que pueda tener en España. ¿Temen que se descubra quienes están aprovechándose de la tiranía?
En España, cuando el Presidente gobierna ateniéndose exclusivamente a sus intereses personales, y está situando al sistema político en vía hacia la descomposición, es llamativo que al progresismo lo que más le preocupe sea la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Como si fuera un ejemplo de coherencia defender el respeto a la soberanía de Venezuela y que el Gobierno “español” actúe en interés de otros Estados y apoye a los nacionalistas imaginarios. En realidad, no pueden soportar que se abran perspectivas de cambio en el sistema anarco comunista venezolano y que se pueda ir liberando la mayoría de sus ciudadanos de la opresión. Aunque el interés político de Norteamérica es evidente, no es inmoral intervenir en un país para prender al tirano y juzgarle con las garantías del due process. Lo inmoral es defender al tirano y sus brutales opresiones.
Salvo para el progresismo, hay pocas dudas de que al pueblo de Venezuela le ha sido arrebatada la libertad y que un grupo de comunistas han usurpado el poder y ejercido una brutal represión contra la disidencia, provocando dramas y tragedias que proyectan en el exterior del País, por ejemplo, el negocio de la droga. No cabe extrañarse que el Presidente, siguiendo la decisión tomada en 1941 de abandonar la neutralidad y el aislamiento se vea obligado a intervenir en defensa de la salud de muchos ciudadanos estadounidenses, cuando el interés nacional lo exija. La captura de Maduro obedece tanto al interés nacional de Norteamérica, como a la voluntad de frenar la expansión del comunismo. El gobierno estadounidense ha perfilado una combinación estratégica de justicia moral necesaria y razón política, a fin de evitar que en América se llegue a formar una alianza hegemónica de países comunistas.
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