Nuevo batacazo parlamentario de Sánchez por empeñarse en mezclar la revalorización de pensiones con otras medidas en el decreto ómnibus

El Congreso de los Diputados ha derogado este martes el real decreto ley ómnibus ante la negativa de PP, Vox, Junts y UPN, que abocan al Gobierno a un nuevo batacazo parlamentario.

El decreto ómnibus incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de los autónomos.

Los grupos parlamentarios que han votado en contra han confirmado durante sus intervenciones el rechazo a la convalidación del decreto.

PP, Junts y Vox han justificado su rechazo al real decreto ley 'ómnibus' porque, aunque su elemento central era la subida de las pensiones, estaba "trufado" de medidas con las que no estaban de acuerdo, en especial la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, algo que ven como una protección a la "okupación".

Aunque han apoyado el texto, algunos de los socios del Gobierno también han sido muy críticos, como el PNV, que cree que se carga el coste de la protección a los colectivos vulnerables en los propietarios de viviendas, o Bildu y ERC, que piden que el escudo social sea estructural.

El diputado del PP Juan Bravo se ha mostrado favorable a revalorizar las pensiones, tal y como acordó el Pacto de Toledo, aunque no ha apoyado el decreto porque está "trufado" con otras medidas que no comparte, como la suspensión de los desahucios por impago.

"Si tienen que revalorizar las pensiones, tráiganlo por separado" o apoyen la propuesta del PP en ese sentido, ha insistido, pero si lo que pretende el Gobierno es "proteger a los okupas" tendrá que recurrir "a sus socios".

Para Bravo, la diversidad de medidas incluidas en un mismo texto es "una falta de respeto al Parlamento" y utiliza como "rehenes" a los pensionistas para ocultar que el Gobierno "no gobierna" y que es "incapaz" de aprobar unos presupuestos.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha confirmado el 'no' de Junts al decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones junto con otras leyes de diverso calado. La formación independentista catalana se ha mostrado especialmente en contra de la ley de vivienda, que consideran nefasta para el mercado del alquiler por "proteger la okupación".

"Pensiones, sí, okupaciones, no", ha resumido Nogueras durante el pleno, "Votaremos sí a las pensiones cuando las presenten sin el chantaje de tener que aprobarlas junto a otras medidas que protegen la okupación", ha aclarado.

Junts ha registrado este lunes en el Congreso una proposición de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas con lo que deja en el aire su apoyo al decreto ley que este martes se vota en el Congreso y que incluye subirlas un 2,7%.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidió a los grupos del Congreso apoyar el decreto 'ómnibus' porque no hacerlo "es hacer daño a millones de ciudadanos que les votaron".

Bolaños insistió en que apoyar el decreto es "votar sí a subir las pensiones, garantizar el suministro de agua y energía a personas con bajos recursos o evitar desahucios de gente que no tiene dónde ir", así como ayudar a los afectados por la dana o los incendios.

La iniciativa, según ha informado Junts en una nota, establece una revalorización general de las pensiones en ese porcentaje, de acuerdo con el IPC, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, y garantiza la actualización de todas las pensiones contributivas y no contributivas, así como de las principales prestaciones sociales. “La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver”, ha afirmado la portavoz de Junts en Congreso, Miriam Nogueras.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa en Barcelona, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha subrayado que esta subida de las pensiones "no se puede aprovechar para introducir medidas que castigan a pequeños propietarios y que complican el mercado de la vivienda". Rius, no obstante, no ha avanzado el sentido de voto de los siete diputados de la formación independentista en el Congreso, y ha apuntado que mañana martes "darán más detalles" al respecto.

En cualquier caso, esta medida de JxCat, ha dicho Rius, busca "garantizar un poder adquisitivo equivalente en todo el conjunto del Estado", ya que "no se puede hablar de igualdad cuando vivir en Cataluña es mucho más caro que en otros territorios y las pensiones son exactamente las mismas".

Luz verde a la prórroga de ayudas al transporte público

El pleno del Congreso ha aprobado -con la abstención del PP, los votos en contra de Vox y el apoyo del resto de la cámara-, la prórroga para 2026 de las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales, y la creación del abono único nacional para Cercanías, Media Distancia, algunos Avant y autobuses estatales.

A diferencia de lo ocurrido con el real decreto-ley de revalorización de las pensiones el de transportes ha recibido el apoyo de Junts, lo que ha permitido su aprobación con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones.

Los socios habituales del Gobierno han respaldado el decreto de transportes, aunque algunos, como EH Bildu, Compromís, CC y BNG, con la petición de que no haya más prórrogas temporales y las bonificaciones se conviertan en permanentes por ley.

Bolaños ha señalado que el Gobierno ha previsto 1.371 millones para todo el sistema de bonificaciones que recoge el decreto y ha subrayado que el nuevo abono único nacional "respeta por completo el marco competencial de las comunidades autónomas, favoreciendo su incorporación voluntaria, sin adhesión obligatoria".

El PP, que finalmente se ha abstenido, ha dedicado su intervención a exigir responsabilidades por el "caos de gestión" del accidente de Adamuz (Códoba) y por el "caos ferroviario de los últimos siete años" a un Gobierno que el parlamentario José Vicente Marí ha calificado de "corrupto", "incapaz", "mentiroso" y "arrogante".

Marí ha justificado su abstención en que "no es posible hablar de transporte público sin antes hablar de más inversión para que los españoles no se mueran en las vías".

La diputada de Vox Carina Mejías ha arremetido especialmente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha entrado a la votación del decreto acompañado del presidente del Gobierno y a quien Mejías ha acusado de "cobardía" por no acudir al pleno a "dar la cara" por el accidente de Adamuz y "mandar de segundón" a Bolaños.

En nombre de Junts, Isidre Gavin ha admitido que "hay motivos por los que el contenido" del decreto les "satisface", pero ha hecho hincapié en que la "médula ósea de las políticas de transporte en Cataluña no son los descuentos, sino el servicio nefasto al que someten a la ciudadanía".

La diputada del PNV Nerea Renteria ha afirmado que "apoyar no es callar" y ha explicado que su grupo no se opone a este decreto puesto que el Gobierno ha aceptado "trabajar en el camino de interoperabilidad" para sustuir el abono único por un "título interoperable".

Desde EH Bildu, Mikel Otero ha advertido de que su apoyo estaba condicionado a que el Gobierno presente un proyecto de ley este año que haga estructurales las bonificaciones y en el que se puedan incorporar criterios de renta para los descuentos.