El espejo de Adamuz

Ante el impacto inmediato y tremendo que el accidente ferroviario de Adamuz ha producido en todos nosotros, he pensado en Galdós y he atribuido a un vínculo político la conmoción provocada por el desastre: era la solidaridad nacional lo que explicaba nuestra situación emocional. Un pacto establecido entre tantos seres para ayudarse y sostenerse juntos. La patria como comunidad o verdadera unión cordial, como espacio de solidaridad territorial, según dijo Jean Jaurès en una frase que gustaba recordar Francisco Rubio.

Se trata de una idea espiritual de la patria, con un inevitable hálito burkeano o historicista, que va más allá de la noción de ciudadanía —entendida como el conjunto de quienes están sujetos a una misma ley— o de sociedad concebida como una mera unión interesada de sus miembros. Existen, como es sabido, referencias constitucionales a esta idea de patria en nuestra Ley Fundamental, que es —y con razón— mucho más que una norma de organización: es también una norma de integración, una verdadera constitución espiritual y no solo una decisión sobre las instituciones de gobierno.

Se trata, decía Galdós, de la fuerza maravillosa de la idea de la nacionalidad, que se abre paso en el espíritu como el sol disipa la noche y saca de la oscuridad un hermoso paisaje:
«Me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos. Me representé la sociedad dividida en familias; las casas donde vivían los ancianos padres; la calle donde se ven desfilar caras amigas; el campo, el mar, el cielo; todo cuanto desde el nacer se asocia a nuestra existencia. Todos los objetos en que vive, prolongándose, nuestra alma, como si el propio cuerpo no le bastara».

Es importante, me parece, reparar en el inmenso capital político que representa la fuerza de la solidaridad, de modo que no queda espacio para el desánimo y menos aún para la deserción, tentación temible en momentos de crisis o dificultad. Tampoco me parece que sea el momento de enfocar nuestra atención en los problemas relativos a la Constitución de España como organización sustancialmente adecuada a las necesidades españolas. La Constitución positiva —por utilizar una conocida fórmula política—, esto es, las decisiones capitales sobre nuestra forma de Estado y de gobierno, son mayormente correctas: responden a un diseño avalado por el constitucionalismo comparado más relevante y, además, congruente con nuestra propia experiencia política. Hablamos de una democracia en forma de monarquía parlamentaria, propia de un Estado social y de derecho, con una descentralización cuasi federativa.

Por supuesto, convendría contribuir a la corrección de los problemas de diseño constitucional que sin duda existen mediante un planteamiento más adecuado de la reforma constitucional, concebida no sólo como instrumento de reparación, sino también de mejora del edificio constitucional. Pero los problemas más acuciantes tienen que ver con el funcionamiento del aparato estatal, claramente evidenciado en esta crisis. Me refiero tanto a la configuración efectiva de las instituciones políticas —que no siempre se afrontan con las exigencias de competencia y limpieza que requieren— como al nivel de los servicios públicos que demandan los ciudadanos.

No es mi propósito exigir responsabilidades ni, mucho menos, señalar culpables, sino plantear la cuestión apelando a una toma de conciencia por parte de quienes deben ponerse a remediar la situación. Dejando fuera de foco la consideración de nuestra salud institucional de la que tantas veces nos hemos ocupado en este Cuaderno, la realidad es que los recientes episodios ferroviarios, Adamuz y Gelida, junto con las anteriores deficiencias en la gestión de la pandemia, inundaciones o incendios, así como las renovadas denuncias sobre carencias en las prestaciones de las administraciones concernidas, apuntan a una quiebra funcional del Estado para asegurar unos servicios públicos que antes se percibían como mejor atendidos, con independencia de su nivel territorial.

La legitimación de un Estado no depende solo de la firmeza de la base de su consenso nacional, sino también de su capacidad para satisfacer las necesidades que los ciudadanos entienden que tienen derecho a reclamar a sus autoridades y servidores públicos. Los pasados episodios ferroviarios habrían puesto de manifiesto que en ese plano existen deficiencias y que su superación requiere un esfuerzo coordinado de las fuerzas políticas, pues estamos hablando de necesidades cuya resolución supera, por su dimensión temporal, la duración de cualquier periodo gubernamental, por prolongado que este sea. De otra parte, las prestaciones del Estado social, a cargo de los servicios públicos correspondientes, consisten en tareas de una extraordinaria y creciente complejidad, que requieren obvias dotaciones materiales, pero también una atención permanente y especializada. Lo que ha de pedirse a la Administración correspondiente es que facilite las condiciones de trabajo de los expertos y cumpla las exigencias profesionales de estos, pues como se ha reconocido siempre en la vida local, también en el plano nacional en buena parte, “las tareas a cumplir son esencialmente cosa de expertos, cuestiones de competencia profesional”.

Y una última constatación: en todas las crisis recientes debe advertirse la necesidad de que la presencia del Estado se asegure mediante la actuación de sus instituciones centrales, ya sea de forma subsidiaria —sirviendo de apoyo y complemento a las autoridades territoriales— o en el ejercicio de competencias exclusivas o de coordinación. Al final, es la presencia del Estado, en su veste completa o general y concreta, la que aporta garantía de auxilio y remedio efectivo en los momentos de crisis.