La Comisión Europea ha reaccionado con cautela —y con un mensaje contundente— ante el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para endurecer la regulación de las grandes plataformas digitales. Aunque Bruselas no ve problemas en que España prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, sí muestra un claro rechazo a que los directivos de estas compañías puedan ser considerados penalmente responsables del contenido ilegal difundido en sus plataformas.
El Ejecutivo comunitario recuerda que la Unión Europea ya cuenta con la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa diseñada para armonizar las obligaciones de las plataformas en todo el territorio europeo. En este sentido, la Comisión insiste en que los Estados miembros no pueden imponer requisitos adicionales que alteren ese marco común. “No hay necesidad de rehacer el trabajo de la DSA”, subrayó Thomas Regnier, portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión.
Regnier explicó que la DSA centra toda la responsabilidad en las plataformas como empresas, y no en sus consejeros delegados. “¿Es un CEO responsable de lo que usted publica en internet? Es un debate muy complicado”, afirmó, recordando que precisamente por ese motivo la normativa europea no contempla investigaciones penales contra individuos. “Si un CEO manipula algorítmicamente el debate político, el responsable es la plataforma, no la persona”, zanjó, citando ejemplos como X o Facebook, pero sin señalar directamente a Elon Musk o Mark Zuckerberg.
La advertencia de Bruselas llega tras el anuncio de Sánchez de un paquete de cinco medidas legislativas para combatir lo que denomina la “tecnocasta”. El presidente del Gobierno acusa a los grandes empresarios tecnológicos de usar su poder para influir en el debate público y condicionar la acción de los gobiernos occidentales. Entre las propuestas más polémicas figura una reforma del Código Penal para que los altos directivos de las plataformas puedan responder penalmente si incumplen órdenes de retirada de contenidos ilícitos.
Desde La Moncloa defienden que el objetivo es acabar con la “impunidad” derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos digitales. La reforma se articularía mediante un Proyecto de Ley Orgánica que establecería un régimen específico de responsabilidad penal para los responsables últimos de estas compañías.
La iniciativa ha provocado un choque político y mediático. Elon Musk reaccionó calificando a Sánchez de “tirano” en su red social X, mientras varios ministros socialistas salieron en su defensa. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, planteó el debate como una elección entre “milmillonarios que amenazan la democracia” o “políticos progresistas valientes” que les plantan cara.
En cuanto a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, Bruselas sí concede margen de actuación a los gobiernos nacionales. España, junto a países como Francia, Grecia, Dinamarca e Italia, trabaja en sistemas de verificación de edad. No obstante, la Comisión advierte de que los Estados no pueden obligar a las plataformas a usar un mecanismo concreto si ya disponen de otro sistema eficaz.
La Comisión Europea evita pronunciarse sobre la legalidad del plan español hasta que exista un texto legislativo formal, que deberá ser notificado y analizado por Bruselas. En caso de que la normativa nacional contradiga la DSA, el Ejecutivo comunitario podría incluso abrir un procedimiento de infracción.
Mientras tanto, la tensión entre el Gobierno español y las grandes tecnológicas sigue en aumento, con Bruselas marcando una línea clara: la responsabilidad es de las plataformas, no de sus directivos.
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