El Gobierno continúa con su campaña de anuncios en clave electoral, algo que ya apunta a ser la tónica habitual en este 2026, máxime después de los batacazos de Extremadura y Aragón. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere pisar el acelerador pensando ya en los comicios autonómicos de Castilla y León (15 de marzo) o Andalucía (diciembre), siempre con las Elecciones Generales de 2027 como telón de fondo.
Tras el anuncio de la regularización masiva, del que podrían beneficiarse, directa o indirectamente, hasta dos millones de inmigrantes ilegales; o el de prohibir el acceso a redes sociales de los menores de 16 años (caballo de Troya para imponer la censura en internet), este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una "estrategia de desarrollo sostenible", que incluye, entre otras medidas, una prestación universal por crianza de la que se beneficiarían el 100% de las familias con hijos menores a su cargo.
Dado que este plan debería incluirse en los Presupuestos Generales y España, con un Gobierno en minoría, lleva más de tres años sin cuentas públicas, el anuncio es de momento una mera declaración de intenciones, más que algo susceptible de ser aprobado pronto. Preguntado a este respecto, el ministro se ha limitado a decir que espera que la medida vea la luz "cuanto antes" y que el proyecto de Presupuestos dé "pasos" en esa dirección.
Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha concretado la cuantía de la ayuda, el ministro de Derechos Sociales, Agenda 20230 y Consumo, Pablo Bustinduy, encargado de presentar el plan, siempre ha hablado de una cifra en torno a los 200 euros al mes.
Este martes, en rueda de prensa en Moncloa, Bustinduy ha defendido que esta prestación, tendría un efecto "inmediato" y "extraordinario" en la reducción de la pobreza infantil en España, aunque no ha aclarado cómo o cuándo se pagaría esa ayuda, ni que requisitos serían necesarios para solicitarla (residencia legal y fiscal en España, DNI/NIE, libro de familia, certificado de empadronamiento...).
El anuncio de Bustinduy, de Sumar, se produce el mismo día que se ha hecho pública la puesta en marcha de una suerte de nuevo frente popular, conformado, de momento por IU, Sumar, Más Madrid y Comunes.
Pese a tener un supuesto estado de bienestar que se cae a pedazos, como han dejado patente las tragedias de la dana, el apagón o Adamuz, el ministro ha justificado esta decisión, que llega justo ahora, utilizando el comodín de Bruselas, pues afirma que existe en 17 países de la Unión Europea y que en torno a la misma hay un "consenso establecido" sobre su eficacia. "Sabemos que el coste estimado de la pobreza infantil es de hasta 65.000 millones de euros al año", ha recordado Bustinduy, quien ha puntualizado que el impacto de esta problemática se expresa a lo largo de todo el ciclo vital bajo forma de un peor desempeño educativo, peores índices de integración en el mercado la laboral y de salud, y peores salarios, entre otros.
"Tenemos el conocimiento para poderlo desplegar y evidencia científica acumulada de sobra para anticipar que tendría un efecto inmediato en la reducción de la pobreza", ha subrayado Bustinduy, que confía en que su impacto sea "extraordinariamente positivo para la democracia".